La reformas de los gobiernos neoliberales a los sistemas de pensiones, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1997, como del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el 2007, tuvieron como propósito desaparecer el régimen solidario, reducir su monto y entregar a banqueros-buitres el control individualizado de los fondos de pensiones que actualmente alcanzan los 8 billones de pesos.
Este cambio ha funcionado muy bien para los banqueros que, año con año, obtienen millonarias ganancias. Los perdedores son los trabajadores que ahora reciben ridículas pensiones que, en algunos casos, rondan los 4 mil pesos mensuales y que año con año se reducen debido al pago en UMA (Unidad de Medida y Actualización).
Esta es la razón que ha orillado a miles de trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que es una corriente democrática al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ha iniciar una huelga para demandar la abrogación de la reforma del 2007.
Las demandas de los trabajadores de la CNTE son legítimas, especialmente la que se refiere al regreso del régimen solidario de pensiones, garantizar una pensión digna, eliminar el pago en UMA y merecen una respuesta seria por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su oferta de “crear una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones y fortalecer Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste), actualmente la única afore 100 por ciento pública del país”, aunque sea un avance, no resuelve el problema de las cuentas individualizadas ni garantiza una pensión digna.
Lo mejor es hablar con la verdad y sin rodeos. Es cierto que para regresar al sistema solidario de pensiones es necesaria una contribución estatal que no está presupuestada y requiere de cambios legislativos que implican mayor tiempo de procesamiento. No es posible una solución de la noche a la mañana. Pero sí es posible, y en esto deberían estar centradas las negociaciones, en alcanzar un compromiso del gobierno federal para presentar una iniciativa de reforma constitucional que asegure pensiones justas y su financiamiento. Ello implica mayores ingresos del estado que solo pueden provenir de una reforma fiscal progresiva tanto para las grandes empresas, como para las grandes fortunas y de una auditoría a la deuda pública para dejar de pagar la deuda odiosa derivada de los fraudes cometidos por los pasados gobiernos neoliberales.
Es de elemental justicia social que ahora paguen más impuestos los que más tienen y que los trabajadores reciban más y mejores salarios, pensiones y condiciones de trabajo. En el último año los 24 mega ricos de México obtuvieron 100 mil millones de dólares en ganancias, una cifra astronómica que contrasta con el estancamiento de los salarios reales.
Es de extrañar que contando con una argumentación justa y poder de convocatoria para ganar a la opinión pública y alcanzar un mayor poder de negociación ante el gobierno federal, algunos sectores de la CNTE recurran a actos vandálicos y provocadores que en nada ayudan a su causa. Esos sectores tienen una agenda distinta a la del movimiento y solo buscan sacar provecho político propio. Para alcanzar una solución pronta y pacífica del conflicto es importante que la CNTE se deslinde de todo tipo de violencia y que el gobierno federal cumpla su palabra de no reprimir y se repitan hechos lamentables como el que le costó la vista a un profesor.
¡Ni AFORES NI UMA, POR EL REGRESO DEL RÉGIMEN DE PENSIONES SOLIDARIO!
Ciudad de México a 8 de junio de 2026
