Nuestra postura ante el informe de la Comisión Presidencial sobre el uso del Gas Natural no convencional
Declaración del Movimiento Socialista del Poder Popular (MSP)
Agosto, 2026
Durante la conferencia matutina de este 6 de agosto, el Gobierno de México presentó los primeros resultados del Comité Científico sobre gas natural no convencional. El informe propone prohibir el fracking en la cuenca Tampico-Misantla por sus impactos ambientales y sociales, pero plantea explorar y evaluar la viabilidad de su desarrollo en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos bajo diversas condiciones técnicas, ambientales y sociales.
A partir de las conclusiones presentadas por el Comité Científico, reconocemos diversos elementos con los que coincidimos, así como otros en los que mantenemos diferencias de fondo desde una perspectiva ecosocialista. Consideramos que la soberanía energética debe construirse sobre la base de la justicia ambiental, la defensa de los bienes comunes, el fortalecimiento del sector público y el respeto pleno a los derechos de las comunidades.
Estamos de acuerdo con:
1. Priorizar la expansión de las energías renovables, particularmente aquellas de propiedad y control público, como la geotermia, la hidroeléctrica, la solar y la eólica, fortaleciendo la capacidad del Estado para garantizar la soberanía energética. La transición energética no debe convertirse en un nuevo proceso de privatización del sistema eléctrico ni en un mecanismo que comprometa las finanzas públicas mediante esquemas que favorezcan intereses privados.
2. Implementar programas nacionales de eficiencia energética, al considerar que reducir el consumo de energía es una de las estrategias más efectivas para disminuir la dependencia del gas natural.
3. Eliminar la quema de gas asociado a la producción petrolera, ya que representa una pérdida de recursos estratégicos y una fuente importante de emisiones contaminantes.
4. Prohibir la extracción de gas no convencional en la cuenca Tampico-Misantla, debido a la importancia de proteger la biodiversidad, los recursos hídricos y a las comunidades de la región.
5. Garantizar consultas previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas, realizadas conforme al artículo 2° de la Constitución y a los tratados internacionales suscritos por México, respetando plenamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Asimismo, coincidimos en fortalecer la transparencia, el monitoreo científico independiente y la protección de los acuíferos antes de cualquier decisión relacionada con proyectos energéticos.
6. Reconocer el agua como un derecho humano y un bien común, por lo que cualquier política energética debe garantizar prioritariamente el acceso al agua para las personas, las comunidades y los ecosistemas, por encima de cualquier actividad extractiva.
No estamos de acuerdo con:
1. Incrementar la producción nacional de gas natural como estrategia para alcanzar la soberanía energética. Consideramos que la verdadera soberanía energética debe construirse reduciendo progresivamente la dependencia de todos los combustibles fósiles, no sustituyendo importaciones por una mayor extracción nacional.
2. Evaluar la viabilidad y eventualmente desarrollar yacimientos de gas no convencional en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos. Desde una perspectiva ecosocialista, la expansión de la frontera fósil es incompatible con los objetivos de descarbonización, la protección de los bienes comunes y una transición energética justa.
3. Las perforaciones exploratorias no deberán considerarse un mecanismo para decidir la expansión del gas no convencional, sino como fuente informativa que debe ser sometida a la consideración social. Ante la incertidumbre sobre los impactos ambientales y climáticos, debe prevalecer el principio precautorio antes que la ampliación de actividades extractivas.
4. Considerar suficientes las medidas de mitigación ambiental para autorizar el fracking. Aunque las medidas propuestas representan avances, no eliminan los riesgos inherentes para el clima, el agua, la biodiversidad y la salud de las comunidades.
5. Reducir la consulta previa a un requisito administrativo para autorizar proyectos. La consulta debe ser un mecanismo efectivo de autodeterminación, en el que las comunidades puedan aceptar o rechazar proyectos que afecten su territorio, conforme a sus derechos constitucionales y colectivos.
6. Mantener mecanismos de participación y transparencia limitados. Consideramos insuficiente el nivel de apertura planteado en el proceso. Los comités y órganos de decisión en materia energética deben sesionar de manera pública, garantizar el acceso oportuno a la información y permitir una participación social efectiva, evitando procesos de simulación del diálogo y la transparencia.
7. Omitir las observaciones de las organizaciones indígenas y de las comunidades directamente afectadas. La definición de la política energética debe incorporar de manera sustantiva sus planteamientos y garantizar el pleno respeto a sus derechos colectivos, territoriales y ambientales, no únicamente como un requisito formal sino como un principio rector de la toma de decisiones.
Reafirmamos que no existe un fracking sustentable ni compatible con una transición energética justa. México no necesita ampliar la frontera de los combustibles fósiles, sino acelerar la construcción de un modelo energético público, democrático y basado en las energías renovables, la eficiencia energética y el respeto a los derechos de los pueblos. Defendemos el agua, los territorios y los bienes comunes frente a cualquier forma de extractivismo.
No hay fracking sustentable, ni en el norte del país ni en ningún rincón del territorio mexicano. ¡La soberanía energética se construye con justicia ambiental, no con más combustibles fósiles!
