Los ecosistemas y la población del estado de Colima se enfrentan a un peligro sin precedentes. El Gobierno de México quiere imponer una nueva ampliación de las instalaciones portuarias con el nombre de “Puerto Nuevo Manzanillo” para convertirlo en el más grande de América Latina y el número 15 a nivel mundial, cuadruplicando su capacidad de recepción de contenedores.
El megaproyecto amenaza directamente a la Laguna de Cuyutlán y las comunidades aledañas. Este sistema lagunar representa el 90% de los humedales del estado de Colima y es el cuarto humedal más grande de todo el país. Es también el hábitat de cuatro de los seis tipos de mangle que existen en México y sirve como refugio para 180 especies de aves, muchas de ellas migratorias provenientes de Canadá y Estados Unidos. Los vasos III y IV de Laguna de Cuyutlán están catalogados desde 2011 como sitio Ramsar, o sea, como humedales de importancia internacional.
La destrucción alcanzaría a 222 hectáreas de vegetación, en su mayoría manglares, uno de los ecosistemas más delicados, que brinda servicios ambientales muy importantes para las poblaciones costeras como criaderos naturales de especies de importancia comercial y alimenticia, filtros que ayudan a mantener la calidad del agua y barreras protectoras contra huracanes y tsunamis.
La Laguna de Cuyutlán es el sustento de cientos de familias que durante siglos han convivido con ella de manera armónica. Los trabajos de construcción dentro de la laguna y el posterior tránsito de enormes buques de carga provocarían fluctuaciones en el movimiento y calidad del agua, y añadirían agentes contaminantes que afectarían la flora y fauna, el aire y la producción de alimentos como la extracción de sal, una de las actividades económicas más antiguas de Colima. La cooperativa de pescadores afirma que el vaso II de la laguna, en donde planea realizarse el proyecto, es el que mayor pesca ofrece. La apicultura que se desarrolla en torno a los manglares también corre peligro.
No es necesario esperar a que se concluya el nuevo puerto para sentir los primeros efectos negativos con las interminables obras en la autopista y la saturación de vehículos de carga que hacen imposible el tránsito y causan accidentes día con día que ponen en riesgo especialmente a la clase trabajadora que necesita desplazarse a diario entre municipios para llegar a sus centros laborales.
La población manzanillense sufre desde ahora la escasez de agua, los altos niveles de contaminación del aire por las partículas emanadas de las actividades portuarias y de transporte de mercancías y las complicaciones por la falta de planeación urbana. Manzanillo se ha convertido en una ciudad hostil para la enorme mayoría de sus habitantes y la expansión del puerto multiplicará los problemas.
No es verdad que el Nuevo Puerto de Manzanillo haya sido pensado para el pueblo, sino que es un imperativo de los grandes capitales. Aunque el gobierno lo presenta como un proyecto desarrollado por el Estado que busca el bienestar público, de los 63 mil 473 millones de pesos que requiere para su ejecución, solamente 13 mil millones vendrán de fondos gubernamentales. La enorme mayoría de la inversión proviene del capital privado y será éste quien obtenga los mayores beneficios.
Se enmarca en el Plan México, la estrategia económica de la presidenta Claudia Sheinbaum pactada con los grandes empresarios que busca atraer capitales extranjeros a través de zonas económicas especiales, exenciones fiscales y ampliación de infraestructura. En pocas palabras, está guiado por la lógica neoliberal de inserción subordinada a los mercados mundiales y dependencia al capital extranjero.
La dimensión real del proyecto es poco considerada. No se trata nada más de instalaciones portuarias más grandes, sino de un gigantesco y complejo desarrollo que atraviesa los sexenios y los partidos en el gobierno. Comenzó con la construcción de la planta regasificadora en el sexenio de Fox, siguió con el “Proyecto Integral Manzanillo” de Calderón, continuó con la apertura del túnel ferroviario en el periodo de Peña Nieto y concluirá con el nuevo puerto impulsado por Sheinbaum. Es la transformación sustancial de la matriz económica de Colima cuyo verdadero impacto difícilmente podemos dimensionar.
Cuando el Gobierno de México nos dice que busca consolidar la “soberanía y el desarrollo nacional”, nos preguntamos si soberanía significa concluir la obra iniciada por el PAN y el PRI al entregarle al capital privado, extranjero en su mayoría, un importante humedal para que sea destruido y sobre sus escombros circulen las mercancías que engrosarán las cuentas de los inversores millonarios mientras la enorme mayoría de los colimenses pagamos los costos socioambientales de su negocio.
El Nuevo Puerto de Manzanillo no es sostenible ni ecológica ni socialmente. Afecta a los ecosistemas, la economía comunitaria, la movilidad y las dinámicas sociales. Su construcción refuerza las fracasadas políticas neoliberales y nos aleja del camino hacia una economía con justicia social, soberanía popular y respeto al medio ambiente, o sea, una economía ecosocialista.
Por todo esto, como Movimiento Socialista del Poder Popular:
- Rechazamos la construcción del Nuevo Puerto de Manzanillo y todo el proyecto alrededor de él por poner en riesgo a los ecosistemas, la vida comunitaria, la economía local y la soberanía nacional.
- Exigimos la declaratoria de Área Natural Protegida para toda la Laguna de Cuyutlán, incluido el Vaso II.
- Exigimos la protección y el apoyo a la pesca tradicional, la producción salinera y la apicultura.
- Exigimos estrategias y acciones reales contra el cambio climático diseñadas por y para la clase trabajadora, pues somos nosotras y nosotros quienes enfrentamos la precarización diaria y quienes sufriremos los peores estragos de la crisis ambiental, un problema estructural causado por la avaricia de los grandes capitales.
Colima, a julio de 2026
Movimiento Socialista del Poder Popular – Colima
