El falso dilema energético
México sigue atrapado en los combustibles fósiles, que hoy representan más del 80% de nuestra energía primaria. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha planteado recurrir a la fractura hidráulica (fracking) para extraer gas de lutita, argumentando la necesidad de alcanzar la soberanía energética frente a la presión de Estados Unidos y la volatilidad de los precios internacionales.
El trasfondo que se observa es que la administración Trump ha endurecido sus amenazas junto con sus presiones comerciales y una dura y cruel política migratoria, y ha condicionado la cooperación energética con nuestro país. Por supuesto, la infraestructura energética tiene décadas de abandono, en las que los gobiernos neoliberales llevaron a que Pemex acumulara una deuda monumental, pero eso no valida la adopción de respuestas equivocadas.
El fracking, o fracturamiento hidráulico, es una técnica de extracción de hidrocarburos que consiste en la inyección de una mezcla de agua, arena y compuestos químicos a alta presión en formaciones rocosas profundas (principalmente lutitas o shale) para generar fracturas que liberen el gas o el petróleo atrapado en ellas. El fracking conlleva riesgos ambientales y sociales significativos, entre ellos la contaminación de acuíferos, el uso intensivo de agua, la generación de residuos tóxicos y la sismicidad inducida. El fracturamiento hidráulico consume enormes cantidades de agua: extraer 10% del gas de lutita existente en México puede requerir hasta 470 mil millones de litros, equivalente a 47 millones de pipas de agua.
La fractura hidráulica es la peor opción para hacer frente a la dependencia energética. Hay alternativas mejores, más baratas, más rápidas y menos destructivas, que se están ignorando. En este posicionamiento buscamos señalarlas para plantear una alternativa que atienda las necesidades del pueblo trabajador y las comunidades originarias, combatiendo, a la vez, el calentamiento climático.
Los químicos utilizados en la fracturación suelen estar patentados, lo que niega a la sociedad conocer las sustancias a las que está siendo expuesta. Esta opacidad contradice principios básicos de justicia ambiental, salud pública y gobernanza democrática de los recursos naturales. Algunas sustancias que han sido identificadas incluyen benceno, tolueno, xileno, metanol, ácido clorhídrico y formaldehído, que provocan graves daños al ambiente y a la salud humana. Además, gran parte del agua utilizada retorna a nuestros ecosistemas contaminada con metales pesados y residuos tóxicos, dificultando su tratamiento y disposición final.
Sobre todo, el fracking profundiza el modelo capitalista extractivista, que ignora la naturaleza, al verla solo como reservorio de recursos y a las comunidades como fuentes de mano de obra, consumo o problemas. Frente a eso, planteamos una perspectiva ecosocialista, la energía es un bien común, que debe ser administrado democráticamente, al servicio de la vida, no de las ganancias capitalistas.
Algunas consideraciones
- México tiene gas convencional sin explotar. Los recursos prospectivos convencionales de gas alcanzan los 83 billones de pies cúbicos (Tcf). El gobierno argumenta que son insuficientes frente a los 141.5 Tcf de gas de lutita. En realidad, no falta gas, sino inversión para reactivar los campos abandonados o subexplotados. Reactivar los yacimientos convencionales costaría menos que iniciar proyectos de fracking. Si el objetivo es garantizar la soberanía energética, lo más barato y rápido sería rehabilitar lo que ya tenemos, no abrir una nueva frontera extractiva.
- Estamos quemando el gas que ya producimos. Desde hace décadas, Pemex desperdicia el 6.4% del gas que extrae asociado al petróleo, ya que lo quema (flaring) o lo libera directamente (venting). Solo ese volumen, que de todas formas contamina, permitiría abastecer a 2 millones de hogares. El propio Pemex ha reconocido que con una inversión de 2 mil millones de dólares podría capturar la mayor parte de ese desperdicio, reduciendo las importaciones en un 8.5%. Esa medida es más barata, casi inmediata, prácticamente no requiere agua ni expone al territorio.
- Se quiere hacer fracking donde NO hay agua. El 85% de las reservas de gas de lutita en México se localizan en regiones de alto o extremo estrés hídrico, como en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un informe de CartoCrítica en colaboración con Conahcyt cuantificó en 2024 el impacto a escala nacional. Encontró que para extraer apenas el 10% del gas no convencional de México se necesitarían más de 14 mil nuevos pozos y un consumo de hasta 470 mil millones de litros de agua. El mismo estudio advierte que cuatro de las cinco regiones con potencial de fracking (Sabinas, Burro-Picachos, Burgos y Tampico-Misantla) ya enfrentan niveles críticos de disponibilidad de agua. Sentencia los acuíferos de grandes extensiones del país.
- Ni siquiera es la salida a la dependencia energética. El discurso oficial dice que hay que extraer ya o perderemos la oportunidad. Pero el gas atrapado en las lutitas lleva millones de años ahí y no se va a ir a ningún lado. Se podría dejar ahí por si algún día fuera realmente indispensable extraerlo y que realmente haya tecnologías menos perjudiciales (fractura acústica, pulsos de plasma, uso de CO₂ supercrítico). Lo mejor sería acelerar una transición ecosocialista a un modelo social y productivo sustentable y a fuentes renovables de energía para no necesitar ese gas nunca.
- La SENER ha priorizado la ganancia de los privados. Si bien la SENER ha anunciado el aumento de las energías renovables para el 2030 al 38%, la lógica del interés privado es la que domina. En los nuevos supuestos contratos mixtos, las ganancias son de los privados; estos nuevos proyectos son en su mayoría eólicos y solares.
Ante la necesidad real de la energía firme (energía que no sea intermitente), este gobierno ha optado por el reforzamiento de los proyectos de generación de gas natural y de su infraestructura lejos de principios ambientalistas, pues no hay nuevos proyectos de hidroeléctricas o de rebombeo hidráulico. Tampoco existe una amplia incorporación de nuevas centrales de generación geotérmica aun cuando México posee gran potencial geotérmico (solo existe un proyecto geotérmico privado de gran escala, para el Grupo Carso).
- La estrategia de gas de SENER busca beneficiar a las empresas privadas.
El reforzamiento de la estrategia del gas de SENER va acompañado de dar beneficios a las empresas privadas para comercializar gas, liberalizar topes de precios del mercado de gas; así como otorgar amplios beneficios a empresas privadas, regalándoles la capacidad de reserva de CFE, de volumen de flujo de los gasoductos acordada en contratos leoninos, aun cuando el estado mexicano sigue pagando, por la forma en que se realizaron esos contratos. Estos contratos están escondidos en la Dirección de CFE-Energía; las condiciones de su negociación y renegociación no se han hecho públicas. Incluso se rumora que se volvieron a renegociar a favor de los privados en este sexenio.
En este contexto el fracking aparece en el discurso como una solución a la dependencia del gas de importación. Sin embargo, realmente ¿se trata de la búsqueda de garantía de acceso a fuentes de gas o acaso se trata de la presión de las empresas estadounidenses petroleras que son quienes han desarrollado y dominado esta técnica de extracción? ¿Las empresas que firmaron los contratos leoninos de los gasoductos son las mismas que estarán en los proyectos de reforzamiento y mantenimiento de gasoductos y en la construcción de las estaciones de compresión anunciados por la secretaria de energía, Luz Elena González Escobar? La lógica que está dominando la política energética no parece conducida por la soberanía sino por los intereses extranjeros.
De hecho, el argumento de la soberanía energética se derrumba cuando se analiza el contexto geopolítico en detalle. El Cuaderno Temático 12 del Conahcyt (2025) explica que la producción de gas de lutita en Estados Unidos está alcanzando su pico máximo. Sus autores advertían desde entonces que esto provocará un incremento de las presiones sobre México para que abra sus yacimientos a la inversión extranjera para que las empresas estadounidenses mantengan sus volúmenes de producción. No les preocupa nuestra soberanía energética, sino buscar nuevos territorios que exprimir para alargar la vida de un modelo depredador. La propuesta de fracking es, en esencia, una exigencia de los intereses del capital estadounidense.
Hacia una verdadera soberanía energética (sin fracking)
La soberanía energética no significa extraer cada molécula de hidrocarburo bajo nuestro suelo. Desde una perspectiva ecosocialista, implica cuatro transformaciones simultáneas:
- No depender de importaciones de Estados Unidos. Hoy compramos el 70% del gas que consumimos. El fracking no cambiaría eso, ya que la tecnología, los químicos y buena parte del capital provendrían de ese país. Seguiríamos dependiendo del imperialismo.
- Aprovechar lo que ya tenemos. Capturar el gas asociado que hoy se quema es una medida de soberanía inmediata, sin nuevos pozos.
- Ir directamente a las renovables, pero no para la ganancia capitalista. No se trata de crear un “mercado verde”, controlado por las grandes empresas. México tiene un potencial solar, eólico y geotérmico enorme que debe aprovecharse con gestión social y comunitaria, de manera que permita a los pueblos y las colonias generar su propia electricidad sin depender de las trasnacionales.
- Reducir el consumo energético superfluo. La industria es ineficiente y desperdicia energía; también hay pérdidas exageradas en la transmisión; y los hábitos de los mil millonarios implican derroches energéticos alucinantes. Una transición ecosocialista de eficiencia y decrecimiento de los consumos superfluos podría reducir la demanda y la dependencia energética sin quemar más combustibles fósiles. Se puede desperdiciar menos para vivir mejor.
Por tanto, nuestras demandas son:
- No al fracking en el corto plazo. Si en el futuro existen técnicas verdaderamente limpias (sin agua, sin químicos tóxicos, sin sismicidad inducida), evaluaremos su pertinencia con participación ciudadana y precaución. Mientras tanto, el fracking hidráulico tradicional debe ser prohibido.
- Capturar el gas venteado y quemado. Exigimos que los 2 mil millones de dólares anunciados por Pemex para reducir el flaring se ejecuten de inmediato, con metas anuales verificables. Esa es la medida de transición energética más racional.
- De ser indispensable aumentar la capacidad gasífera, reactivar la infraestructura convencional abandonada. El gas convencional está ahí, en el subsuelo. Lo que falta es voluntad de invertir en lugar de abrir frentes extractivos más destructivos.
- Un plan de transición energética justa y descentralizada. El gas natural también es contaminante. La transición energética debe ser solar, eólica, geotérmica, con gestión comunitaria y reducción del consumo superfluo (industria ineficiente, transmisión con pérdidas, derroche).
- Exigimos transparencia de la SENER, ya que actualmente se conduce bajo total opacidad. No sabemos hasta donde esté al tanto la Presidenta; sin embargo, la SENER está ocultando información de los proyectos de los operadores tanto privados como de PEMEX. Información que sí se publicaba en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Energía, con el pretexto de la nueva configuración institucional, no publica los datos técnicos, prospectivas de producción, técnicas de recuperación, infraestructura asociada a los campos, montos dedicados a contenido nacional e indicadores económicos de los planes y programas de exploración y extracción de desarrollo de los operadores privados y de PEMEX; las sesiones de los comités no son públicas. Asimismo, se dejaron de publicar los datos de producción por campo y pozo que estaban actualizados hasta la llegada de la nueva administración. Toda esta información se publicaba en el sexenio de AMLO. En la actualidad ni esa información ni las condiciones de los nuevos contratos con los privados han sido publicadas
- Que la presidenta cumpla su palabra. El día de su toma de posesión, Claudia firmó 100 compromisos. El número 60 decía: “No impulsaré nuevas formas de extractivismo”. Sin duda, enfrenta presiones enormes desde el gobierno de Trump, que busca ampliar los negocios de sus empresas fósiles a nuestro país. Pero ceder al chantaje no es la salida. Hay que convocar a un debate nacional amplio en el que participen las comunidades, los científicos críticos, las organizaciones ambientalistas y la clase trabajadora para construir una política energética que ponga la vida en el centro, no las ganancias de las trasnacionales.
La crisis climática exige una transformación estructural del sistema energético, productivo y de consumo. No se trata solo de sustituir fuentes, sino de redefinir las bases materiales de la sociedad hacia esquemas sustentados en justicia, suficiencia y regeneración ecológica.
La solución es ecosocialista. No hay solución técnica dentro del capitalismo. El sistema obliga a extraerlo todo, quemarlo todo, mercantilizarlo todo. Por eso nuestra lucha no es sólo contra la fractura hidráulica, sino por un modelo energético postcapitalista: renovable, descentralizado, optimizado, democrático y al servicio del pueblo trabajador.
¡No al fracking: justicia climática y energía para los pueblos, no para las corporaciones fósiles!
¡El fracking significa saqueo y crisis climática; transición ecosocialista y popular ya!
¡Ni fracking ni opacidad energética: soberanía, democracia y justicia ambiental para México!
junio de 2026.
