El operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y el caos generado por los seguidores de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, fueron noticia internacional. No es para menos, pues murió el dirigente de una de las organizaciones criminales más importantes del mundo y en muchas ciudades de la República Mexicana sufrimos acciones violentas como la quema de automóviles, negocios y gasolineras y bloqueos de carreteras.
Sin embargo, quienes vivimos en México sabemos que la caída de un jefe del narcotráfico no significa el fin de la violencia. Las últimas décadas de supuesta “guerra contra el narco” nos han enseñado que, tras la decapitación de un cártel, viene la disputa entre mandos medios por la sucesión, así como acciones de venganza contra el Estado mexicano y ataques a cárteles rivales que aprovecharán el momento de debilidad para ganar influencia. Y esto es porque aunque cayó El Mencho no han caído las estructuras transnacionales que producen, alimentan y utilizan a estos capos.
Los grandes centros de consumo de drogas y las empresas armamentísticas necesitan organizaciones ilegales en México que produzcan las sustancias que consumen y sean compradores fieles de sus productos de guerra. Aunque Washington se indigne por el narcotráfico, los hechos señalan que las armas de los cárteles fueron vendidas por empresas estadounidenses aprovechando la legislación de este país. Entre 2012 y 2025, las autoridades mexicanas decomisaron 137 mil cartuchos originarios, no de armerías comerciales, sino de la planta militar Lake City Army Ammunition Plant, propiedad del Estado, en Misuri. Además, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró que el 85% de las armas incautadas durante el operativo contra El Mencho provienen de Estados Unidos.
El narcotráfico es una actividad económica que se rige bajo las leyes capitalistas de la competencia y la obtención de la máxima ganancia. Los cárteles son empresas que, al operar bajo la ilegalidad, llevan estas dinámicas económicas hasta sus últimas consecuencias, sacando así a relucir la forma más violenta de un sistema que reduce al ser humano a simple mano de obra descartable.
Existe una sólida red comercial internacional que garantiza la rentabilidad, producción, distribución e intercambio de drogas. Además, los cárteles han diversificado sus negocios a otras actividades económicas tanto ilegales (trata de personas, tráfico de armas, venta de órganos y cobro de piso) como legales (la agroindustria del aguacate y el sector restaurantero y de ocio). Además, en varios territorios controlados por el crimen organizado existen megaproyectos extractivistas como minas y presas y está involucrado en agresiones contra periodistas y activistas que defienden el medio ambiente.
El poder sociopolítico de los cárteles viene de su gran poder económico y de las acciones violentas que realizan para garantizar sus ganancias, como la intimidación, el asesinato, la desaparición forzada, el lavado de dinero, el enriquecimiento ilícito por medio de inyecciones de capital, la corrupción y la complicidad con las fuerzas de seguridad del Estado.
Las décadas de políticas neoliberales incrementaron la precariedad, la migración y la informalidad laboral, así como el abandono del campo y la falta de oportunidades en general. Esto llevó a muchas personas a trabajar para la delincuencia organizada, buscando una mejor vida. La desregulación del comercio internacional y la subordinación de los países periféricos a las grandes potencias han permitido la entrada de armas de alto calibre a nuestro país desde el vecino del norte y nos han llevado a ser los proveedores del mercado de drogas en Estados Unidos.
Un problema sistémico sólo puede resolverse con cambios sistémicos. Mientras trabajamos por destruir este sistema capitalista de muerte, debemos estar siempre del lado de las víctimas de la violencia del narco y apoyando las iniciativas de las clases populares. Como izquierda revolucionaria necesitamos:
- Reforzar los lazos comunitarios para cuidarnos colectivamente ante la violencia.
- Señalar la hipocresía y responsabilidad de las potencias imperialistas como Estados Unidos que lucran política y económicamente con la inseguridad de este lado de la frontera.
- Señalar los peligros de las estrategias de seguridad basadas en el uso de las fuerzas armadas por las violaciones a los derechos humanos que conllevan y la paulatina entrega del poder político al poder militar.
- Estudiar otras estrategias de seguridad que los pueblos han construido, como el caso de las policías comunitarias de las montañas y la costa de Guerrero (sur de México).
- Rechazar los discursos que criminalizan y estigmatizan a las clases populares como narcotraficantes en potencia, así como los intentos de la derecha por relacionar la crisis de seguridad con la supuesta “pérdida de valores familiares” que para ellos suponen los avances de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+.
- Solidarizarnos con las víctimas y sus familiares y acompañarlos en las acciones que decidan emprender, ayudando a elevar el nivel de conciencia política y autoconfianza, e impulsar procesos de organización por izquierda desde las demandas de paz y seguridad.
- Discutir el problema desde una visión de clase y ayudar en su comprensión, ante la ausencia de análisis profundos.
