El liderazgo obradorista se formó gracias a varios factores: a su larga resistencia al régimen de la alternancia, a la crisis hegemónica que eliminó la capacidad de dirección de todas las opciones del sistema político, al agotamiento de la izquierda histórica que se expresaba partidariamente y al aislamiento y la debilidad de la izquierda antisistémica que se desplegaba socialmente. De tal suerte, se constituyó como la dirección del antagonismo de las clases subalternas contra el sistema político mismo y como mediación de un emergente protagonismo popular que desborda con creces a la izquierda tradicional. (Pineda, 2023).
No obstante, una vez ganada la elección, debía formarse una específica relación entre gobernantes y gobernados que lograra, por un lado, sostener el apoyo de las clases subalternas, pero también un consenso político que se volviera sentido común de lo gubernativo y del rumbo nacional, así como el control de otras capas sociales y de fracciones de las clases dominantes que permitiera la estabilización y ejercicio del poder.
Estas operaciones, simbólicas y materiales, son lo que constituye una hegemonía, no sólo como dirección y liderazgo discursivo, sino también como articulación de los distintos agentes, fuerzas, actores y clases alrededor de ese consenso y de la figura que lo personifica. Es decir, para construir un poder hegemónico, no basta —aunque sea crucial— un campo simbólico y consensual del discurso, sino que al mismo tiempo se necesitan relaciones objetivas entre el Estado y las clases subalternas y las dominantes, mediante un sistema de alianzas, pactos y acuerdos, o al menos de anuencia o tolerancia sobre el ejercicio del poder y una satisfacción total o parcial de intereses objetivos y materiales. (Gramsci, 1970; Liguori, Modonesi, Pasquale, 2022).
Si la Cuarta Transformación ha logrado una nueva hegemonía, ha sido bajo la maniobra múltiple de volverse dominante sobre los partidos adversarios —como hemos visto en nuestra anterior entrega— y dirigente de la mayoría de las clases subalternas; pero también, si bien de manera menos evidente, por el despliegue de una hábil forma de gobernanza por medio de formas de cooptación, tregua y subordinación con las clases dominantes y las fuerzas de facto que establecen las coordenadas del poder real, más allá del aparente “consenso nacional popular”. Revisemos, pues, ese realismo político que le permite a la Cuarta Transformación mantenerse en el poder.
El equilibrio de la realpolitik
En noviembre de 2021, durante la IX Cumbre de Líderes de América del Norte, López Obrador señaló, al hablar del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que “la integración económica es el mejor instrumento para afrontar la competencia”, en especial frente a China. En su discurso, Obrador alertó sobre una “desproporción inaceptable” de control del mercado por parte del gigante asiático, que de seguir creciendo “nos pondría en riesgo a todos”.
La declaración es relevante, en tanto toma de posición geopolítica, una que implicaba alejarse de China y someterse al orden estadounidense en lo que ya es evidente: la competencia por el liderazgo comercial debilitado de EUA frente a una sólida y creciente influencia del “dragón rojo”. Pero aún más importante es que López Obrador, al reivindicar la integración económica norteamericana, ratificaba y hacía perdurar el orden sistémico al que Carlos Salinas de Gortari había acudido con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994.
El TLC, y ahora el TMEC, le han dado libertad al gran capital industrial y comercial —en su mayoría estadounidense— para moverse en condiciones de ventaja y sin restricciones dentro de la región. Al mismo tiempo, son un tácito reconocimiento de la dependencia absoluta de México frente a Estados Unidos. Según el Banco de México, hasta el 82.7% de las exportaciones mexicanas fueron a ese país durante 2023. A la vez, hasta el 52% de los flujos de inversión extranjera a México provienen del vecino del norte según las fuentes oficiales. Es decir, que la vida económica mexicana, después de cuatro décadas de “libre comercio”, es total y estructuralmente dependiente de los Estados Unidos de Norteamérica.
A pesar del altisonante discurso soberanista de la Cuarta Transformación —en ocasiones, casi de tinte anti imperialista—, en realidad los ejes estructurantes de la relación México-Estados Unidos continuaron inalterados, con su virtual subordinación ante el poder hegemónico norteamericano. El margen mexicano para desobedecer al poder estadounidense pareciera estar marcado por la centralidad o marginalidad de los intereses del imperio. Así, Obrador fue de nueva cuenta flamígero y hasta jacobino para rechazar a la derecha andina (Perú y Bolivia), claramente evasivo en torno de Israel y su vínculo con Estados Unidos, y evidentemente zalamero y subalterno en las relaciones más estratégicas, tanto con Trump como con Biden. Por eso podemos decir que la Cuarta Transformación se desplegó a nivel global en un espacio de acción de “soberanía en los márgenes”.
López Obrador logró obtener la tolerancia estadounidense —si bien a regañadientes— a cambio de la ratificación subordinante de México, que no es nueva y que los seis gobiernos anteriores aceptaron y fueron profundizando. Puede objetarse que hubo una creciente tensión en materia de seguridad entre ambas naciones, aspecto por el cual la Cuarta Transformación forcejeó con el imperio norteamericano. Esto es sin lugar a dudas cierto. Pero a la vez nos lleva a la alianza del expresidente con el poder militar.
Las demandas insatisfechas del Ejército, que se habían acumulado por el contradictorio uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y de persecución delincuencial, fueron cumplidas por la Cuarta Transformación. La ley de seguridad interior aprobada en 2017 por el PRI, PAN y Partido Encuentro Social respondía a la creciente presión de la élite militar para contar con “certidumbre legal” al enfrentar al crimen organizado. La racionalidad militar parece decirle al poder civil que si quiere usar al ejército en tareas de seguridad pública, no puede luego acusarlo de violaciones a los derechos humanos y someterlo al escrutinio público, dañando su imagen y honor. Dar garantías constitucionales y no estar fuera de la ley fueron exigencias ni más ni menos que del General Cienfuegos en el año 2017. Sin embargo, cuando parecía que la demanda militar estaba cumplida, la Suprema Corte de Justicia señaló que la ley era anticonstitucional. Sin embargo, si una ley contravenía la constitución al permitir el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, entonces la reforma constitucional se hacía indispensable. Esto es lo que cumplió la Cuarta Transformación en marzo de 2019 y en 2024, por medio de la creación y legalización de la Guardia Nacional, una institución que es parte del ejército y cuyo titular es militar, pero que está encargada de tareas de seguridad. Adicionalmente, la reforma amplía las facultades del ejecutivo para disponer del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de apoyo a la seguridad pública.
La segunda demanda del ejército, en la que se inscribe la tensión del gobierno de López Obrador con EUA, era la de rechazar el intervencionismo estadounidense en México en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico —intervencionismo sin duda existente—. No obstante, el reclamo encubre el involucramiento del ejército con el crimen organizado —involucramiento también existente sin duda—. Al rescatar de las manos de la DEA al general Cienfuegos, se estableció la intocabilidad de los militares por el gobierno estadounidense —y por cualquier otra instancia internacional—, y Obrador se ganaba así a los militares, al defender a uno de sus más importantes líderes (Benítez, 2021).
López Obrador respondió también al creciente enojo de las fuerzas armadas al ser denunciadas por violaciones a los derechos humanos y señaladas como instituciones involucradas en crímenes del pasado. Desde la presidencia, se desató, en la segunda mitad del sexenio, una verdadera campaña de enaltecimiento de las fuerzas armadas, de nacionalismo militar y exoneración simbólica al ejército de toda responsabilidad. El presidente repitió una y otra vez dos argumentos de legitimación de las fuerzas armadas en esos acontecimientos. Por un lado, que sólo cumplían órdenes; es decir, reivindicaba la obediencia debida, un argumento que contraviene la jurisprudencia y el derecho penal internacional que la conciben como una excusa no válida para cometer crímenes de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos. Por el otro, la presidencia replicó el argumento del propio General Cienfuegos sobre el origen popular del ejército, como modo de evasión ante las acusaciones de acciones represivas de los militares en el pasado a las clases populares levantadas en armas o que protestaban contra el autoritarismo.
El gobierno de la 4T respondió, así, a todas las demandas militares, y con ello ganó o fortaleció el respaldo de las fuerzas armadas al gobierno federal. Cabe preguntarse si fue ésta una alianza, donde el uso estratégico del Ejército y la Marina en tareas de seguridad, impulsado por el presidente, se realizó de manera condicionada por el ejército —como parecía ser desde el gobierno de Peña Nieto—, pero en una transacción de necesidad mutua, o bien una imposición militar al propio presidente. Sea como posición dominante y hegemónica mediante la cooptación del ejército bajo su mando, o en una posición dominada, impuesta por las élites militares, en la relación del ejecutivo con las fuerzas armadas éstas mantuvieron su lealtad y continuó la gobernanza militarizada de la seguridad publica, ambos objetivos estratégicos de López Obrador.
Si el régimen de acumulación sistémico de América del Norte perdura, el marco de acuerdo con el gran capital “doméstico” se desenvuelve en un estrechísimo margen de transformación. La declaración de Carlos Slim de que la economía mexicana “tiene mucho potencial”, en el marco de la reunión con el sector empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum, ratifica el consenso de la mayoría del gran empresariado con los gobiernos de la Cuarta Transformación. Hace evidente además que las fracciones beligerantes de los empresarios —como Salinas Pliego o Claudio X González— son minoritarias, y que López Obrador heredó un importante espacio de acuerdo con el poder económico nacional a su sucesora.
En ese sentido, el marco del consenso parece basarse en mantener los impuestos bajos para los grandes capitales y corporaciones “mexicanas”. Hay que recordar que América Latina tiene una de las cargas tributarias más bajas en el mundo y la estructura fiscal más regresiva de la región (Matari, 2023). Los ingresos tributarios en relación al PIB en 2022 dejaban a México muy por debajo de Brasil (33.3%), Uruguay (26.6%) o Chile (23.9%), con un 16.9%.
La estructura regresiva de los impuestos implica que las personas con menores ingresos pagan una proporción mayor de estos, en comparación de los contribuyentes con ingresos más altos. Los impuestos bajos a los ricos fue una de las tesis defendidas por Milton Friedman (1992) y por Arthur Laffer, economistas que representan el consenso neoliberal (Escalante, 2016).
El compromiso explícito de Claudia Sheinbaum de no realizar una reforma fiscal (que contrasta con los gobiernos progresistas de Lula Da Silva y de Gustavo Petro, en Brasil y Colombia respectivamente) permite inferir la extrema necesidad de los gobiernos de la Cuarta Transformación de no agrupar en su contra a la oligarquía mexicana y el gran capital con una fuerte composición oligopólica en el país. Esta enorme concesión para la producción de riqueza extrema beneficia tanto al capital manufacturero como al financiero, que son la piedra angular de la estructura económica mexicana.
A cambio de mantener esta estructura recaudatoria, la Cuarta Transformación ha dirigido su estrategia de cambio combatiendo la evasión fiscal, con lo cual ha logrado incrementar sus ingresos tributarios sin cambiar los impuestos a los ricos ni a las corporaciones. Bajo estos términos, el gran capital ha aceptado la alternancia política —a pesar de sus numerosas dudas y miedos ante una posible radicalización obradorista que nunca sucedió—, ya que a pesar del fin de la condonación fiscal que habían impulsado los gobiernos antecesores y de una mayor fiscalización, la Cuarta Transformación se mantiene dentro del marco internacional impositivo a las corporaciones —es decir, neoliberal—.
Por otro lado, el aumento al salario mínimo se constituyó como un segundo consenso con el empresariado. Aunque fue López Obrador quien se comprometió a romper con la barrera neoliberal que había contenido el aumento durante décadas en su campaña en 2018, la exigencia estadounidense (o aún más precisamente del propio Trump) de condiciones más igualitarias en los salarios en México, para frenar la competencia de una mano de obra mucho más barata que hace migrar las inversiones hacia este país, en detrimento del gigante del norte, facilitó el consenso en la firma del TMEC. Junto a la legislación contra el outsourcing, López Obrador rebasó el viejo consenso neoliberal sobre las condiciones laborales en México, construyendo un nuevo marco de la mano del empresariado.
Los intentos de mayor regulación del capital en materia ambiental, como la ley minera, las sanciones por ecocidio al grupo México, la prohibición del fracking o del glifosato, o recularon u operan de manera restringida. Esto hace evidentes los límites del poder de la 4T en torno al funcionamiento real de las corporaciones mineras y la agroindustria. El compromiso explícito del expresidente de no realizar modificaciones en las leyes bancarias y financieras dejó intocado al gran capital que es hoy el capital hegemónico en el mundo “posneoliberal”. Una de las señales de mayor hegemonía de la Cuarta Transformación es el abandono a su suerte, por parte del gran capital y el empresariado, a la coalición de las derechas en 2024. Que la mayoría de las clases dominantes no necesiten ya de esas fuerzas para satisfacer sus intereses muestra cómo la realpolitik ha permitido sustituirlos en el poder.
La soberanía en los márgenes, el cumplimiento o subordinación a las demandas militares y el nuevo y limitadísimo acuerdo posneoliberal con los grandes capitales explican cómo y por qué los poderes fácticos han aceptado el liderazgo y gobernanza de la Cuarta Transformación a través de la realpolitik. Si la hegemonía es una vía consensual de ejercicio del poder, la Cuarta Transformación ha logrado un limitado consenso arriba y un nuevo y poderoso consenso abajo —un consenso “nacional popular”—, ambos soportes de su dirección política.
El consenso nacional popular
En la historia del siglo XX en América Latina, los proyectos nacional-populares han representado una formación de consenso, una plataforma amplia que permitió un agrupamiento mayoritario contra las oligarquías liberales. Como alianza, pacto o conciliación interclasista, es por tanto un campo de consenso que evita cualquier radicalización, precisamente para satisfacer intereses y horizontes contradictorios a su interior.
Si el proyecto del régimen autoritario mexicano del siglo XX se estabilizó con el apoyo y agrupamiento subordinado de las clases subalternas gracias a que cumplió sus demandas populares, el proyecto neoliberal logró su hegemonía agrupando a los grandes capitales y élites mexicanas mediante la protección de sus intereses de acumulación y enriquecimiento. El proyecto nacional popular de la Cuarta Transformación busca la satisfacción de los intereses y horizontes tanto de unos como de otros.
La crisis social, estatal y de representación que produjo la gobernanza neoliberal y el régimen de la alternancia crearon una enorme masa de víctimas y de desvalidos, de ciudadanos y votantes indignados y enfurecidos. La formación del obradorismo está relacionado en buena medida con la emergencia de esa masa sin organización, como multitud en las calles y en las urnas, que desbordó a la izquierda histórica partidaria y a la izquierda social antisistémica. El horizonte nacional-popular de la multitud obradorista se fue constituyendo como un sentido común desde abajo: rechazo a las élites gobernantes, repudio a la partidocracia, demanda de protección estatal ante una situación intolerable e invivible, cambio en las condiciones materiales de vida, fin de las humillaciones y despotismo desde el poder.
Si los partidos otrora dominantes de las derechas no pudieron comprender el ascenso del repudio popular, se debe en parte, como hemos dicho en la entrega anterior de este texto, a la disociación cognitiva entre el universo de las élites y la realidad nacional popular de los de abajo. La derecha no podría, además, haber cumplido con las demandas populares porque ella era parte del repudio e impugnación de la multitud indignada que exigía el fin de su mandato. Pero tampoco esas demandas podían ser representadas por la izquierda histórica partidaria ni por la izquierda antisistémica: ni las masas de víctimas del neoliberalismo ni las multitudes indignadas en las calles exigían el advenimiento del socialismo o el fin del capitalismo; éstas actuaron políticamente ante la imposibilidad de seguir soportando al régimen de la alternancia y sus excesos.
Ese consenso nacional popular y sus respectivas demandas han sido cumplidas por la Cuarta Transformación y ello no puede reducirse a un supuesto adormecimiento o encantamiento de las masas. Tiene una base material y simbólica que explica la popularidad presidencial y el apabullamiento electoral de la coalición de derechas en 2024.
El aumento al salario mínimo, el fin del outsourcing y los programas de apoyo a campesinos, jóvenes y adultos mayores, aunque no cambian estructuralmente el régimen de acumulación del capital, sí modifican radicalmente la asfixia, exclusión y precariedad con las que vivían las clases populares. El neodesarrollismo, tanto el de la megainfraestrucutura regional en el sureste, como el de la oleada constructora de la pequeña infraestructura barrial y comunal en la que invirtió este gobierno buena parte de sus recursos y deuda, aunque no sacan de su condición subordinada a las clases populares, modifican por completo su vida cotidiana y su campo de oportunidades económicas.
Estos mismos ejes implican, subjetivamente, el reconocimiento del regreso de un Estado protector —a pesar de sus limitaciones y fallos en materia de seguridad— que, después de cuatro décadas de abandono neoliberal, legitima la figura paternal y amorosa con el pueblo. El liderazgo presidencial, en sí mismo y en sus discursos, reivindica tanto la memoria del pasado como el presente nacional-popular, dignificando e incluyendo simbólicamente, desde y en el Estado, las identidades, estética, culturas, modos y actos de habla de las clases populares que habían sido sustituidos por el emprendedurismo, el gerencialismo, el elitismo y la exaltación de los valores de las clases dominantes y su blanquitud.
Por último, el “jacobinismo” discursivo del presidente representó, durante todo el sexenio, la revancha, el repudio y el señalamiento contra la partidocracia que había gobernado durante décadas, antagonismo gubernativo aplaudido, sentido y exigido por las masas. Ese consenso nacional popular es la base del poder simbólico de la Cuarta Transformación y su fuerza política para la negociación, el acomodamiento y el pacto con los poderes fácticos por medio de su realpolitik.
Sin embargo, esta política de equilibrio, este complejo y nuevo bonapartismo, pareciera tener una frágil articulación. La ecuación social por la que la Cuarta Transformación se mantiene y se mantendrá en el poder puede romperse con una política agresiva o más intransigente del imperialismo estadounidense; puede terminar fácilmente la tregua y pacto con el gran capital si la inflación o la deuda terminan con el crecimiento; puede debilitarse si las condiciones materiales de apoyo a las masas se contraen o dejan de crecer sin mayor apoyo fiscal ni redistribución de la riqueza, límite del consenso con las clases dominantes. Así, la hegemonía de la Cuarta Transformación pende de un hilo… No obstante, al menos por ahora, es esa hegemonía del consenso nacional-popular y la realpolitik la que reina en este país.
El consenso nacional popular agrupa e incluye a millones. Es una aplastante mayoría que se ha expresado electoralmente. Es un consenso ampliamente mayoritario y popular que incluye, al mismo tiempo, las necesidades, intereses e imposiciones de los poderes de facto. Pero precisamente por esa unión contradictoria, el consenso nacional popular y su realpolitik no alcanza para todos. No alcanza, por ejemplo, para los migrantes y sus derechos, sacrificados en aras de cumplir la exigencia estadounidense de convertirnos en el muro de contención que los frene. No alcanza tampoco para adoptar una posición firme contra el genocidio palestino, debido a los intereses israelíes y estadounidenses que no deben ser lastimados.
También quedan fuera del consenso nacional popular las víctimas de desaparición forzada de Ayotzinapa. La alianza gubernativa con los militares impide la verdad y la justicia y es probable que las siga evitando en este nuevo gobierno, pues las demandas militares excluyen del proyecto nacional popular a las víctimas de los crímenes del pasado y su demanda histórica de castigo a los culpables, incluido el ejército.
Han sido excluidas las víctimas del neodesarrollismo constructor, del ecocidio empresarial, del extractivismo exacerbado por trenes, corredores y parques industriales, edificados y por edificar. Todas estas minorías, a veces desesperadas, en ocasiones radicalizadas, junto a las organizaciones acompañantes o aliadas, han quedado fuera del amplio, contundente y abrumador consenso nacional popular. De las luchas populares y de los de abajo, de su marginación y de la debilidad de las clases subalternas, escribiremos en nuestra última entrega.
Referencias
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Friedman, M. (1992). La economía monetarista. Gedisa.
Gramsci, A. (1970). Antología. Siglo XXI.
Guido L., Massimo M., y Pasquale V.(eds.).(2022). Diccionario gramsciano (1926-1937). Cagliari UNICA press.
Gonzalbo, F. E. (2016). Historia mínima del neoliberalismo. El Colegio de Mexico.
Matari, P. (2023). “La situación de la política económica del gobierno de la Cuarta Transformación” en Modonesi, M y Fuentes, D. Hegemonía y 4T. Un debate gramsciano. UAM X-ITACA.
Pineda, C.E. (2023). El país que pende de un hombr. Clases subalternas, populismo y hegemonía en tiempo de López Obrador en Modonesi, M y Fuentes, D. Hegemonía y 4T. Un debate gramsciano. UAM X-ITACA.
