A escasos dos años de la creación del Movimiento Socialista del Poder Popular (MSP), resultado de la unificación de la militancia socialista de la Organización Nacional del Poder Popular y de la Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR), es el momento de hacer un espacio en nuestro trabajo militante para actualizar nuestros documentos internos en función de los recientes cambios políticos en los terrenos nacional e internacional, y definir la táctica política que nos permita lograr una mayor inserción en la lucha de clases, fortalecernos orgánicamente y dar mayor visibilidad a nuestra propuesta ecosocialista, feminista y anticapitalista. Esos son los propósitos de nuestra Primera Conferencia Nacional, que se realizó el sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre de 2024.
Un nuevo marco internacional
Entre los muchos elementos que definen la crisis multifacética del sistema capitalista –creciente competencia inter-imperialista, calentamiento global acompañado de catástrofes climáticas, contaminación de desechos tóxicos en toda la biosfera, migraciones masivas, ascendente desigualdad social a causa de la concentración de la riqueza en el 1% de la población, etc.- destaca, en orden de gravedad, el desbordamiento de los conflictos Rusia-Ucrania y de la Entidad Sionista en contra del pueblo palestino, de Líbano, Yemen, Irán y, ahora, de Siria, que abren la amenaza de una guerra nuclear o el estallido de una Tercera Guerra Mundial. Además del crecimiento de los partidos neofascistas, que ocupan nuevos gobiernos y lanzan una intensa campaña de odio y violencia en contra de los migrantes, de los derechos reproductivos de las mujeres, de la igualdad de género, la diversidad sexual y en contra de todos los derechos laborales, particularmente a un trabajo digno, la estabilidad en el empleo y una pensión justa para los trabajadores jubilados.
La reelección del ultraderechista Donald Trump como presidente de la principal potencia imperialista global, de forma abrumadora, potenciará todo este cuadro de contradicciones. Su negacionismo del cambio climático, odio a los migrantes, misoginia, apoyo incondicional a la Entidad Sionista y, sobre todo, defensa a ultranza del capitalismo depredador y neoliberal, está en línea con otras corrientes ultraderechistas que, de hecho, configuran una internacional reaccionaria y prefiguran una creciente confrontación en contra de los pueblos del mundo y de los gobiernos progresistas de América Latina. Su gabinete estará integrado por auténticos bárbaros proto fascistas, como Elon Musk, que azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania en las próximas elecciones del 2025, y hacen temer que las amenazas de Trump de expulsar a 10 millones de inmigrantes, aplicar sanciones arancelarias a todos los países con los que comercia, retomar el control del Canal de Panamá o de invadir Groenlandia, no son meras bravuconadas. El nuevo gobierno de Trump puede transitar de un proteccionismo extremo a un nuevo expansionismo o combinar ambas tendencias. No es necesario esperar pasivamente que Trump cumpla sus amenazas, desde ahora debemos iniciar una movilización mundial para resistir su ofensiva.
Al mismo tiempo, como antes de las primeras dos guerras mundiales, estamos ante una nueva rivalidad entre países imperialistas tradicionales, encabezados, de un lado, por los Estados Unidos de América y, del otro lado, los países imperialistas y sub imperialistas emergentes, encabezados por China y Rusia y sus aliados, que tienen en común la disputa por el dominio del mercado mundial y el deseo de apoderarse de nuevos territorios. Ante la Primera Guerra Mundial, Lenin basó su estrategia antimperialista en el rechazo a todo patriotismo que subordinara los intereses del proletariado mundial a las diferentes clases dominantes de las potencias beligerantes (derrotismo revolucionario). Tampoco podemos confundirnos con frases patrioteras o con una visión “campista” que consideran “progresistas” a los países imperialistas emergentes. La disputa por Ucrania tiene como telón de fondo el interés del imperialismo yanqui de aislar a Rusia y debilitar sus sistemas de defensa, apoyándose en un presidente ucraniano irresponsable y dócil; a su vez, la invasión rusa a Ucrania, injustificable porque no se puede usar a otras naciones como escudo ante sus enemigos, pretende recuperar el dominio gran ruso sobre los pueblos que anteriormente integraban a la extinta Unión Soviética. Vladimir Putin no es ningún antimperialista, como consideran algunos sectores de la izquierda mundial; como responsable de la privatización de los bienes públicos de la era soviética, forma parte de la nueva oligarquía rusa, es un aliado de sectores de la extrema derecha europea, como Vox y Viktor Orbán, de las monarquías petroleras e incluso del sionismo a quienes abastece de gas y petróleo; además de ser antifeminista, machista, homófobo y detractor de Lenin, porque Putin sabe bien que su gobierno representa todo lo que criticaba el viejo revolucionario. En esta guerra condenamos tanto la invasión rusa a Ucrania como el asedio imperialista de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) en contra de Rusia.
Denunciamos el genocidio de la Entidad Sionista en contra del pueblo palestino y debemos comprometernos en la construcción de un movimiento, lo más amplio posible, de solidaridad por la creación de un Estado Palestino en los territorios ocupados y por la ruptura de relaciones, diplomáticas y comerciales entre México y el Estado de Israel.
Nuestra oposición a estas guerras, y a otros conflictos latentes, como el intento de Estados Unidos de mantener su dominio sobre Taiwán en contra de China que pretende su reintegración, y demás conflictos en diversos países de África, el Cáucaso y los Balcanes, azuzados por las metrópolis imperialistas, nos obliga a impulsar una intensa campaña educativa para informar del peligro que representan hoy el capitalismo y el imperialismo, así como impulsar una campaña en contra del armamentismo, el militarismo y por la desaparición de todo bloque militar multinacional; especialmente el que representa la OTAN. ¡Por una paz sin anexiones y sin bloqueos comerciales entre ambos bloques imperialistas!
Por otro lado, el capitalismo está amenazando la misma existencia de un planeta en el que pueda sobrevivir la humanidad, por no hablar de todos los demás seres vivos. Para enfrentar el cambio climático se requiere de una modificación de raíz en la manera en cómo se reproduce la vida y ello es incompatible con la búsqueda de la ganancia. Este móvil está destrozando el medio ambiente de manera acelerada, y todas las “soluciones” que se presentan a nivel internacional por parte de los estados no representan alternativas que puedan combatir sus efectos nocivos. Se necesita una orientación basada en la organización de la sociedad misma y la limitación de decisiones basadas en el cuidado de las ganancias, para implementar políticas capaces de revertir esta tendencia nefasta.
Además de las evidentes razones humanitarias y ambientales para oponernos a la escalada belicista, existe otra que nos afecta directamente como Nación. Al estar la economía mexicana atada a la de Estados Unidos y Canadá, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la entrada de estos países a un conflicto bélico tendría un severo impacto en nuestro comercio exterior, tasas de cambio, especulación financiera y severas presiones políticas para alinear a nuestro país a este campo imperialista. Por ello debemos demandar una mayor apertura comercial, igualando hacia arriba los derechos laborales, especialmente con nuestros hermanos países de América Latina y el Caribe.
El ascenso de la derecha focaliza a las personas LGBTIQ+ como un chivo expiatorio para llamar a la unidad nacionalista y tradicionalista, por ello, es importante mantenernos alertas y en solidaridad con más luchas de este sector ya que pese, a los avances administrativos y legislativos, México sigue siendo el 2o país con mayor índice de transfeminicidios.
Las acciones y retórica anticomunista y autoritaria de la ultraderecha en América Latina, está produciendo, sobre todo en Argentina, Ecuador, Perú o El Salvador, conflictos con gobiernos progresistas e incluso de ruptura de relaciones diplomáticas. Estos conflictos pueden incrementarse, sobre todo con el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, si las fuerzas del campo progresista –nacionalistas, socialistas y los movimientos sociales de todo el continente- no somos capaces de ofrecer una alternativa democrática y de ruptura con las políticas neoliberales para derrotar a una derecha sometida al imperialismo norteamericano. Este era el propósito del Foro Antifascista de Sao Paulo, que debió reunirse en mayo de 2024 y que se suspendió por la contingencia ambiental, y que debemos seguir impulsando para mayo de 2026.
Ganar la batalla política y cultural a la ultraderecha latinoamericana únicamente será posible si del lado de la izquierda existe un claro deslinde contra el autoritarismo de gobiernos que se dicen progresistas, pero que en realidad aplican las mismas políticas represivas o neoliberales de la derecha como es el caso de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Nuestra propuesta debe estar centrada en la idea de que no puede haber democracia sin socialismo ni socialismo sin democracia.
La nueva reconfiguración del régimen político mexicano
Claves del triunfo electoral de Morena y sus aliados
El aplastante triunfo electoral de Claudia Sheinbaum Pardo como nueva presidenta de México y la derrota política y electoral de la derecha, no podrían entenderse sin reconocer que las moderadas reformas progresistas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador calaron muy hondo en amplios sectores populares, lograron estabilizar la economía y sentaron las bases para el establecimiento de un nuevo régimen político. Por esa razón López Obrador se retiró a con más de un 70 por ciento de aprobación y es considerado el presidente más popular desde el gobierno del General Lázaro Cárdenas del Río (1934-40).
Haber obtenido 36 millones de votos, el 60 por ciento de la votación, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y Senadores (comprando un senador de oposición), que le permite aprobar reformas constitucionales; ocho de nueve gubernaturas en disputa, la gran mayoría de las legislaturas estatales y haber incrementado su poder de convocatoria en las calles, significa, sin duda alguna, la consolidación de una nueva hegemonía política que ha desarticulado a los partidos de la derecha y que debe ser analizada con toda seriedad por parte de la izquierda revolucionaria. Ahora Morena ya no tiene ningún obstáculo para aprobar cualquier tipo de reforma que considere necesario.
La victoria electoral se alcanzó a pesar del furibundo ataque de diversos sectores vinculados al sector más reaccionario y neoliberal de la oligarquía mexicana –empresarios, militares de alto rango, medios de comunicación, intelectuales, la Iglesia, el Poder Judicial y demás sectores conservadores-, y la contingencia de una pandemia que dejó 334,336 muertos y que retrajo la economía durante casi dos años.
El abanico de medidas anticrisis, de corte keynesiano, que explican la continuidad de la llamada Cuarta Transformación, fueron: obligar a un buen número de empresarios a que accedieran, de muy mala gana, a realizar el debido pago de impuestos disminuyendo la evasión fiscal; aplicar una terapia de shock para reducir la corrupción en diversas áreas del aparato de estado; reducir los salarios y prebendas de altos funcionarios; recuperar la rectoría del estado en materia energética, con lo cual se mantuvo a raya la especulación de las empresas carroñeras y se evitaron alzas desmedidas en el precio de los combustibles y la electricidad; incrementar el salario mínimo, en términos reales, en un 86.6% entre mayo de 2019 y mayo de 2024, y en la zona fronteriza del norte en más del 100%, (desmintiendo el dogma neoliberal de que los aumentos salariales son la primera causa de la inflación); establecer, como derecho constitucional, una pensión universal para adultos mayores de 65 años, de 3 mil pesos mensuales, equivalentes a 160 dólares y becas a todos los estudiantes de bachillerato; apoyar a madres solteras y discapacitados; crear el Banco del Bienestar para entregar dichos apoyos y sentar las bases para el regreso de la banca estatal; modernizar y construir nuevas líneas férreas en la península de Yucatán (Tren Maya) y en el istmo de Tehuantepec (Tren Interoceánico), que generaron miles de empleos y prometen impulsar el turismo, el comercio y la industria en una de las zonas menos desarrolladas de país; construir hospitales y ampliar la cobertura del servicio médico; y mejorar o construir nuevas carreteras y más obra pública.
Aunque se dejó en el limbo el tema de la re-nacionalización del sector energético, la recuperación de la soberanía nacional en materia energética -en donde el Estado fortalece las empresas públicas Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) y dicta la estrategia para regular su expansión- permitió enfrentar la crisis derivada de la pandemia del COVID sin provocar escasez o alza desmedida de precios y ahora permite un aprovechamiento más eficiente de estos recursos, impulsar la transición a energías renovables y precios más accesibles para el grueso de la población.
El impacto de estas reformas fue positivo para las finanzas públicas: del 2018 a 2023 la recaudación aumentó un 18.5%; del último trimestre del 2018 al segundo de 2024 el Producto Bruto Interno aumentó un 4.5%; en el mismo periodo la inflación promedió un 4.99% anual; oficialmente se habla de una tasa de desempleo de un 2.71%, aunque no toma en cuenta los altos niveles de subempleo; entre 2020 y 2022 la proporción de personas, hasta de 17 años de edad, en situación de pobreza en México se redujo de 53.6 a 45.8 por ciento, una caída de 6.8 puntos porcentuales; el tipo de cambio, con respecto al dólar, subió un 3.3%, algo inédito en los últimos 42 años; la inversión destinada a los programas sociales en el 2024 alcanzó los 745,813 millones de pesos (el 8.26% de un presupuesto total de 9 billones 21,995.2 millones de pesos) y que durante el sexenio se elevó a 2.73 billones de pesos. En contraste, durante todo el sexenio se acumularon déficits presupuestales que se cubrieron con deuda pública, en el 2018 la deuda pública total alcanzaba los 10 billones 551,719 millones de pesos y al 2024 alcanza los 16 billones 300,240 millones de pesos, es decir, un incremento porcentual del 64.73%. No importa que, para efectos psicológicos, se diga que sólo representa el 47% del PIB, de cualquier forma, es una amenaza para la estabilidad financiera del país; tan solo consideremos que el monto de los requerimientos para el pago de intereses en este año fue de 1 billón 085,501 millones de pesos, mucho más de los que se asigna a los programas sociales.
Es muy importante tomar en cuenta que la reducción de la pobreza se logró más allá del efecto de los programas sociales. Hubo políticas públicas que lo hicieron posible. No sobra aclarar que el Programa para Adultos Mayores, es muy parecido al de la Renta Básica Universal, que es una propuesta de la izquierda radical europea, aunque ésta incluye a las personas de 18 años en adelante.
Más allá de los fríos datos estadísticos, existe un cambio en la subjetividad del pueblo mexicano hacia la política como mecanismo de cambio y de ruptura con los dogmas del neoliberalismo, o sea del impacto en la conciencia de las masas, sobre todo en los jóvenes, de lo que significan las reformas realizadas por el gobierno de López Obrador. Aunque en muchos casos sea de forma más discursiva que real, al modelo individualista de la supuesta “derrama de la riqueza hacia abajo”, que no hay que “regalar pescados sino enseñar a pescar”, o de que “el esfuerzo individual es el motor del progreso”, etc., se opusieron lemas como el de “por el bien de todos, primero los pobres”, “todos los seres humanos tienen derecho a vivir y ser felices”, “sólo el pueblo salva al pueblo”, “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, repetidas de manera diaria en sus conferencias de prensa matutinas conocidas como “mañaneras”, tuvieron un profundo impacto en la mente de millones de personas que le permitió ganar la batalla cultural en contra de la derecha neoliberal. Ahora se ha revivido una conciencia nacionalista y social, entre una mayoría de la población, como en otras épocas.
Límites del progresismo obradorista
Aunque pueda parecer paradójico, la consecuencia de estas reformas progresivas fue la de impulsar el desarrollo del capitalismo en México. Los banqueros y empresarios duplicaron sus ya de por sí gigantescas ganancias durante todo el sexenio obradorista, las ganancias de la banca en agosto del 2018 fueron de 100 mil 700 millones de pesos y se elevaron a 192 mil 957 millones pesos a agosto de 2024 y la desigualdad en el ingreso, como proporción del PIB, se sigue incrementado al pasar del 45% en 1976 al 66% en 2023 para las clases altas y una caída del 41 al 28% para el pueblo durante el mismo periodo. Ello se debe a que la política reformista de la 4T no impulsa una reforma fiscal progresiva que elimine el régimen de privilegios para las grandes empresas y fortunas, a su negativa de auditar la deuda pública y cancelar la deuda llamada FOBAPROA, al poco fortalecimiento del mercado interno y a la ausencia de un movimiento social con capacidad de presionar para imponer una agenda de transformación más profunda.
Aun estando a favor de las reformas sociales impulsadas por la 4T, existen límites que debieron ser superados: la recuperación salarial no incluyó a los salarios contractuales ni a los trabajadores del sector público que ahora son los peor pagados; los empleos creados por el gobierno federal se caracterizaron por la precariedad laboral es decir, en la práctica el patrón-gobierno contraviene su discurso sobre la defensa de los derechos de los trabajadores; la reforma en materia de pensiones, que redujo las comisiones que cobran los buitres que administran los fondos de pensiones, debió eliminar su carácter individual y regresar al régimen solidario; la reforma que pretendía eliminar la terciarización (outsourcing) la deja aún vigente en la práctica, incluso dentro del sector público; no se revirtió por completo la reforma educativa, a pesar de la lucha de los maestros a nivel nacional; aunque existe una notable mejoría en materia de libertad sindical, con la ratificación de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, relativos a la libertad sindical, derecho de sindicación y de negociación colectiva, aún falta mucho para lograr la democratización de las organizaciones sindicales, incluso se ha tenido que recurrir a la intervención del mecanismo de respuesta rápida establecido en el capítulo laboral del T-MEC (artículo 23.1) para que el gobierno mexicano respete el voto libre en la elección interna de los sindicatos; ha establecido acuerdos con dirigencias sindicales corruptas (CATEM, SUTERM y Petrolero) para garantizar la continuidad de su control; con el pretexto de evitar la corrupción en la entrega de apoyos a las organizaciones sociales (que en efecto existe), se ha desconocido a las auténticas representaciones de las organizaciones democráticas; el apoyo a los campesinos pobres se redujo a la entrega gratuita de fertilizantes y al programa de siembra de árboles, muy positivos por cierto, pero se dejó de garantizar un precio justo a la producción agrícola y otorgar créditos suficientes; a pesar de que el propio López Obrador denunció el carácter ilegal e ilegítimo de la deuda pública, especialmente la del FOBAPROA, continuó pagándola puntualmente, cuando es completamente justa y necesaria su auditoria y anulación; en lugar de aumentar el apoyo a los refugios para mujeres amenazadas con violencia, se retrasó el mismo, al igual que a otros servicios necesarios para el cuidado de los sectores más vulnerables de la población, como las instancias infantiles; al mismo tiempo que se argumentó desde las mañaneras que dichos servicios deberían ser cubiertos desde adentro de las familias, y por las mujeres de la manera más tradicional, reforzando las ideas tradicionales del papel de las mujeres en la sociedad.
El papel jugado por las fuerzas armadas, como principal soporte para impulsar la lucha contra la corrupción; la construcción de los principales proyectos públicos (trenes, nuevo aeropuerto, sucursales bancarias, etc.); administrar diversas dependencias (aduanas, puertos, una nueva línea aérea y la empresa ferroviaria, etc.); pero sobre todo, de controlar a la nueva Guardia Nacional, ha originado la acusación, tanto de la derecha como de la izquierda, de pretender “militarizar” o de instalar una “dictadura” por parte del gobierno de la 4T. En principio es necesario aclarar que, durante todo el sexenio obradorista, las fuerzas armadas no han sido utilizadas para reprimir la protesta popular, tal y como venían haciendo los anteriores gobiernos, más allá de algunos incidentes aislados. Tampoco podemos olvidar que el primer reto que enfrentó López Obrador al arribar a la presidencia era saber si las fuerzas armadas serían institucionales o tratarían de desestabilizarlo como hicieron otros ejércitos latinoamericanos ante gobiernos progresistas. Más aún cuando al inicio de su mandato se realizó un cónclave de altos oficiales en retiro que asumieron una postura abiertamente golpista. El reto era evidente, hubo una disputa con la derecha para determinar la subordinación de las fuerzas armadas. Aún antes de asumir la presidencia, AMLO se reunió con los altos mandos, como el General Salvador Cienfuegos Zepeda y el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, en donde se deduce que hubo un acuerdo cuyo contenido desconocemos, pero que, sin duda alguna, implicó garantizar total impunidad a cambio de apoyar la nueva política gubernamental. Además pretendía asegurar el apoyo castrense para enfrentar la corrupción desenfrenada en la administración pública, obteniendo resultados positivos para combatir el robo de combustibles, el control de las aduanas y en la asignación de la obra pública y ganar su lealtad a cambio de mejorar su imagen y otorgarles concesiones como la mejora de sus salarios y garantizar sus pensiones con la administración del Tren Maya. Lo criticable es que una cosa es apoyarse en las fuerzas armadas en una situación de emergencia y otra extender ad infinitum su participación en actividades que solo concierne a la administración civil. Demandamos el regreso del Ejército a sus cuarteles, lo más pronto posible, asegurando que las áreas civiles sean administradas de manera transparente con la participación y vigilancia de sus propios trabajadores.
Sobre la investigación de los 43 estudiantes desaparecido de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014, es completamente claro que, a pesar de que se encuentran presos algunos militares y narcotraficantes implicados en la desaparición, junto con el ex Procurador General de la República (PGR), y de que es evidente el intento del anterior gobierno priista para ocultar los hechos, no se llegó al fondo del problema. No se quiso (o no se pudo) desnudar la colusión existente entre los tres poderes de gobierno, junto con sectores del Ejército y el narcotráfico, en la consumación del crimen. Debemos continuar apoyando el esfuerzo de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, para esclarecer la verdad de lo sucedido y el castigo a los culpables.
Además, muchos activistas ambientalistas han sido víctimas de muchos atentados y asesinatos que han también quedado en la impunidad, ante los cuales ha habido un silencio cómplice de parte del gobierno federal; el asesinato del compañero Samir en el Estado de México es ejemplar y nada aislado.
El mayor problema sin resolver fue el de la seguridad pública provocada por el fortalecimiento del crimen organizado, su extensión a todas las entidades del país, el cobro del supuesto “derecho de piso” y el reclutamiento forzado de jóvenes, el despojo de tierras y comunidades y la sangrienta guerra entre diversas bandas por el control de territorios. No cuestionamos que la solución final del problema sea atender las causas y brindar oportunidades de trabajo digno a quienes ahora se dedican a dichas actividades criminales, pero ese es un objetivo de largo plazo. En lo inmediato es urgente combinar diversas acciones como la legalización del consumo de drogas, controlado por el Estado, profundizar el trabajo de inteligencia financiera para identificar a los verdaderes jefes del narcotráfico y congelar sus cuentas, establecer el sistema de fiscales y jueces sin rostro para su enjuiciamiento y, sobre todo, contar con el establecimiento de policías comunitarias y civiles que, conjuntamente con las fuerzas armadas, establezcan la debida vigilancia de sus territorios. López Obrador ha sido particularmente opuesto a todo proceso de autoorganización ciudadana, tanto en la forma de policías comunitarias como de autodefensas, para combatir a la delincuencia, a pesar de que han demostrado su eficacia. Sin la participación del pueblo organizado, será imposible acabar con las bandas criminales.
Otro tema polémico es el de la Reforma al Poder Judicial. Coincidimos en la necesidad de democratizar a un poder corrupto, diseñado para proteger a los de arriba, con la elección popular de magistrados, ministros y jueces. Con esta reforma se ha abatido la última trinchera de la derecha para sostener al neoliberalismo, sabotear el proceso de transformación y desde donde se estaba fraguando un golpe de estado blando (“lawfare”) en contra de López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Pero no podemos dejar de criticar ciertos aspectos de la misma, como la falta de una auténtica consulta a los trabajadores de base para tratar de convencerlos del objetivo de la reforma y así contar con su apoyo; además de garantizar, con la firma de un acuerdo, que no se afectará el pago de sus salarios, prestaciones y derechos escalafonarios. Sobre la elección de jueces existen serias deficiencias, como utilizar el sorteo de precandidatos, que hace de lado experiencia y capacidad, en vez de recurrir a los tiempos de antigüedad de cada concursante; es incluso surrealista que en la Reforma se proponga dejar a un lado a los partidos políticos en el proceso de selección de los candidatos, cuando es evidente que ese será el principal criterio que los votantes utilizarán a la hora de elegir a un juez; la elección de jueces se complica aún más por la sencilla razón de que ningún posible votante conoce a ciencia cierta la capacidad de un candidato para ejercer determinada rama del derecho, otra cosa es elegir entre magistrados o ministros, en donde es evidente que el perfil político es el determinante; finalmente está el problema de que Morena cuenta con un amplia hegemonía que le permitirá ganar la mayoría (si no es que la totalidad) de los jueces. Al contar con una mayoría absoluta en los tres poderes de la Unión, existe la amenaza de que Morena se convierta en un partido de Estado.
A diferencia del General Lázaro Cárdenas, que se apoyó en las masas organizadas para impulsar sus reformas, e incluso para sentar las bases de su incorporación como sectores del partido en el poder (con lo cual se dio origen al corporativismo), López Obrador, por el contrario, recurrió a la movilización popular únicamente para apoyar sus causas políticas o electorales como figura carismática. Incluso podemos afirmar que López Obrador fue profundamente hostil hacia todo proceso de autoorganización de las masas y prefirió el trato cupular con las viejas burocracias o incluso el intento de imponer dirigencias a modo en los movimientos sociales. Durante su gobierno mantuvo una relación tersa con el conjunto del sindicalismo charro facilitando sus reelecciones, la ratificación de sus contratos colectivos de trabajo y los recuentos ante organizaciones democráticas; llegó a un acuerdo con la gansteril dirección del Sindicato Petrolero para el apacible relevo de su capo mayor, Carlos Romero Dechamps, dejando intacta el resto de la estructura (operación que se facilitó gracias a la casi inexistencia de una opción democrática al interior del sindicato); permitió la incorporación del burócrata y gangster Pedro Haces, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), como integrante del partido MORENA; se negó a establecer el más mínimo diálogo con el sindicalismo democrático, aunque los invitaba a fiestas conmemorativas como el 1° de Mayo; obligado por la necesidad, estableció mesas de diálogo con movimientos democráticos, pero fueron una completa simulación; e incluso trató de imponer una dirección a modo al Sindicato Mexicano de Electricistas, aunque sin éxito; finalmente, se negó a dar solución a las huelgas mineras de Sombrerete, Cananea y Taxco para no perjudicar su relación con el más voraz y bárbaro de los empresarios mexicanos, Germán Larrea Mota Velazco.
Su hostilidad hacia todo proceso de autoorganización popular incluyó a su partido Morena. Tras bambalinas, facilitó la imposición del burócrata Mario Delgado Carrillo al frente del partido, para evitar la participación de representantes de los movimientos sociales o de izquierda en la dirección de Morena y en los puestos de elección popular. No lo logró del todo, pero es evidente que existe una participación mayoritaria de ex priistas y panistas en dichos puestos. La estructura de Morena y su funcionamiento, corresponde al objetivo de hacerla un aparato electoral funcional a los propósitos presidenciales y no de un partido vivo, democrático, con una estructura de base que permita discutir la política nacional e internacional, ligarse a los movimientos sociales y al pueblo en general para atender sus demandas y elegir a sus dirigentes y candidatos. Aunque Morena es una organización que cuenta con una amplia base de masas, al mismo tiempo es un aparato electoral donde la dirección controla todo, sin consulta a sus organismos de base, con congresos que son una pantomima, donde existen sectores controlados por las viejas mafias priistas y panistas e incluso ligadas al crimen organizado y donde no existen canales democráticos de discusión. Aun así, sobreviven importantes sectores de izquierda que se proponen su democratización, algunos ocupan importantes cargos de dirección. Con ellos debemos mantener un diálogo permanente e impulsar tareas comunes.
Caracterización del sexenio Obradorista
Al inicio del pasado sexenio, las organizaciones que ahora conformamos el MSP coincidimos en la siguiente caracterización del obradorismo:
“La principal diferencia entre el régimen obradorista y el viejo régimen reside en que el primero no está subordinado al mando de la oligarquía, está situado por encima de ella, aunque mantenga una sólida alianza con una de sus fracciones, pero sin olvidar que ese poder no viene del cielo, sino de un fuerte apoyo de masas a quienes ofrece importantes concesiones para mantener el nuevo statu quo. Esta es la gran diferencia con el viejo régimen priísta, totalmente subordinado al conjunto de la oligarquía y ligado al crimen organizado, por eso es que hemos venido afirmando que, a pesar de su naturaleza burguesa, el actual gobierno está muy lejos de ser igual a los del PRI o los del PAN como proclaman algunas voces de la ultraizquierda mexicana.”
“Para la izquierda revolucionaria mexicana es fundamental entender este cambio de coordenadas para poder incidir en este proceso de cambio, posicionándonos como una fuerza independiente, sin caer en el apoyo incondicional hacia el nuevo régimen, pero tampoco en una crítica sectaria y autocomplaciente.”
“López Obrador encabezaba un gobierno de corte bonapartista que pretendía situarse por encima de las clases sociales, que no reconocía que la sociedad mexicana está dividida en clases antagónicas y en ningún momento se plantea un proyecto anticapitalista, cuyo objetivo sea desaparecer la propiedad privada de los medios de producción social y la abolición de la explotación del hombre por el hombre tal como nosotros sostenemos.”
Consideramos que, en esencia, esta caracterización sigue siendo válida, pero debemos agregar lo siguiente: la relativa autonomía del gobierno de López Obrador frente a la oligarquía en su conjunto, adquirió finalmente la forma de un caudillismo, con rasgos autoritarios, pero no dictatoriales; cuya relación con las masas fue “clientelar” aunque otorgando importantes derechos y reformas, apoyándose en los aparatos burocráticos, y no en las masas organizadas y sentó las bases para que Morena se convierta en un nuevo tipo de partido de estado. Obrador era muy consciente de que el pueblo, organizado de manera independiente, era capaz de rebasar su política reformista.
Estas son las razones que explican nuestro voto crítico, tanto a la candidatura de López Obrador como la de Claudia Sheinbaum.
El gobierno de Claudia Sheinbaum
En primer lugar, como organización feminista, el MSP valora como muy positivo que después de más de 200 años de independencia, por fin haya llegado a la Presidencia de México una mujer, que además se presenta con un discurso de izquierda, por la igualdad de género y que ha condenado “el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación”. En un México tan machista, patriarcal y feminicida, su sola elección es una bocanada de aire fresco que favorece la lucha por alcanzar el pleno respeto a todos los derechos de las mujeres y del movimiento LGBTIQ+. Pero no dejamos de señalar que el discurso de Claudia nunca ha sido claro en temas como el derecho al aborto o los derechos de la diversidad sexual, que ni se mencionaron en los debates previos a la votación, y menos en construir una sociedad sin explotados ni explotadores, y que la idea de que “llegamos todas” dista bastante de ser real, no obstante sus buenos deseos.
Claudia Sheinbaum proviene de una familia de izquierdas, sus padres fueron activos participantes del movimiento estudiantil de 1968, ella misma fue activista destacada del movimiento estudiantil de 1987 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde su incorporación al PRD ha estado muy ligada a la corriente de López Obrador y ha manifestado continuar con los programas sociales de su predecesor e incluir tres nuevos: un apoyo bimestral a todas las mujeres de 60 a 64 años; una beca para niños y niñas que asistan a la escuela pública de preescolar, primaria y secundaria; y atención médica para adultos mayores en su propia casa con medicinas gratuitas.
Además de una larga serie de obras sociales y productivas, Claudia propone algunos puntos de mayor trascendencia: implementación gradual de la semana de 40 horas; la construcción de un millón de nuevas viviendas; la ampliación y construcción de nuevas líneas férreas e introducir el transporte de pasajeros en las actuales líneas de carga; “nuevas inversiones en transmisión, generación y un programa ambicioso de transición energética hacia fuentes renovables de energía que contribuyan a disminuir los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático”, con la participación del sector privado; avanzar “en la soberanía y la autosuficiencia alimentaria”; no permitir la importación de maíz transgénico; construir en Tula, Hidalgo, un complejo ambiental para aprovechar los residuos de uno de los ríos más contaminados, tratamiento de agua y generación de energía; limpiar y sanear los ríos más contaminados; invertir en el desarrollo tecnológico y científico del país; y crear una ley para garantizar los derechos de los trabajadores de las aplicaciones tecnológicas.
La relación con los empresarios, nacionales y extranjeros, y el trato con Estados Unidos y Canadá, Claudia, siguiendo la misma línea de López Obrador, ha expresado sus límites transformadores: respetará la inversión privada, el tratado de libre comercio (T-MEC), continuará pagando puntualmente la deuda pública, no habrá ninguna reforma fiscal progresiva y se mantendrá la autonomía del Banco de México. Esto quiere decir que se mantendrán, incólumes, las piedras angulares del neoliberalismo, aunque se mejore su fachada.
No obstante, no podemos negar la importancia y lo positivo que representan la mayoría de propuestas presentadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Como socialistas debemos pugnar porque cada una de ellas se aplique de la forma más consecuente e inmediata posible. Por ejemplo, la demanda por la semana de 40 horas de trabajo, sin reducción de salarios, para un país en donde la semana de trabajo supera fácilmente las 48 horas (sobre todo entre los jóvenes), es una tarea central. Debemos impulsar una campaña para que los trabajadores emplacen tanto a sus organizaciones sindicales y patrones, para que se aplique de manera pronta en el caso de las grandes empresas nacionales y extranjeras, lo mismo que en todas las dependencias de los tres niveles de gobierno, pero gradualmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Además de que los trabajadores deben tener el derecho a negarse a trabajar horas extras, el salario normal debe ser lo suficiente para el sostenimiento familiar, y reclamar la contratación de más personal para cubrir la demanda de horas de trabajo. También debemos explicar que esta petición sólo es un primer paso para el establecimiento de la semana de 35 horas que ya se aplica en países desarrollados como Francia.
En el curso de esta lucha debemos proponer otras reformas, no tomadas en cuenta por los gobiernos de la 4T, pero que son claves para poder implementar las reformas propuestas: la principal de ellas es la de impulsar una reforma fiscal progresiva, que grave las fabulosas ganancias y fortunas de los grandes empresarios, que son quienes menos impuestos pagan en todo el mundo; auditar y dejar de pagar la deuda pública odiosa y fraudulenta, especialmente el FOBAPROA; la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía; por la recuperación de los salarios contractuales y, sobre todo, del sector público que son los peor pagados. Además, se debe asegurar la construcción y financiamiento de más refugios para mujeres que viven con violencia y sus hijos; el fin de la impunidad en casos de violencia y particularmente el feminicidio, sea quien sea el agresor; y la homologación de los servicios de salud reproductiva en todo el país, incluyendo el derecho de las mujeres a solicitar libremente un aborto gratuito y en hospital o por medicación oral dependiendo de su caso, si tiene la necesidad de hacerlo sin más requisito que plantear su voluntad. Pugnar por una política migratoria que no responda a los intereses de EUA, que han convertido a nuestro país en el primer muro que deben cruzar nuestros hermanos y hermanas migrantes para ingresar a EUA. También es de vital importancia que el gobierno de Sheinbaum ataque eficientemente al crimen organizado, quitándoles los enormes recursos financieros mal habidos.
Este método de lucha, que los socialistas denominamos “transicional”, intenta partir del nivel de conciencia de las masas, y de la coyuntura generada por el compromiso presidencial, evitando una confrontación directa con un gobierno que goza de un gran consenso social, al tiempo que trabajamos en la construcción de un movimiento social capaz de organizarse y movilizarse, por sí mismo, para alcanzar estos objetivos hasta sus últimas consecuencias.
La existencia de un movimiento social fuerte, organizado de manera independiente y movilizado, es la clave para combinar demandas más avanzadas que cuestionen la existencia del sistema capitalista y apunten a la construcción de un régimen social más justo como lo sería el Ecosocialismo.
La situación de los movimientos sociales
Una rápida radiografía de los movimientos sociales nos mostraría un esqueleto apenas rodeado de frágiles músculos y, parafraseando a José Revueltas, sin cabeza. ¿Cuál es la razón de ello? Resistencias a la ofensiva neoliberal ha habido, y no han sido pocas, ni débiles; el problema es que todas han sido derrotadas debido tanto al peso de la ofensiva de la derecha y gobiernos neoliberales, a la traición de dirigentes, como a las políticas sectarias y carentes de estrategia de la izquierda radical.
En el caso del sindicalismo burocrático, controlado por el Estado, porque no lucharon en contra de la privatización de las empresas públicas, la apertura comercial que destruyó a miles de pequeñas y medianas empresas, la flexibilidad laboral, la terciarización, la subrogación, o la fragmentación sindical, que, en nombre de la “libertad sindical”, impusieron gobiernos y patrones. Su pasividad produjo una derrota en frío de amplios sectores de la clase trabajadora.
Algo similar sucedió en el campo, en donde las organizaciones campesinas tradicionales, altamente dependientes de los apoyos gubernamentales e igualmente corrompidas, ninguna resistencia ofrecieron a la reforma neoliberal del artículo 27 constitucional y a la apertura comercial con Estados Unidos y Canadá que buscaron desarticular el sistema ejidal y provocaron su debilitamiento y la emigración de millones de campesinos hacia Estados Unidos.
Ahora veamos las derrotas o retrocesos de los movimientos sociales independientes.
Uno de los más importantes, fue la derrota de la huelga estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encabezada por el Consejo General de Huelga (1999-2000), donde sectores ultraizquierdistas impidieron su levantamiento, de manera victoriosa con la cancelación del aumento de cuotas, porque esos sectores optaron por el “todo o nada” sobre la realización de un Congreso Universitario. El resultado fue que la huelga se extendió por más de un año, con la desafección de miles de jóvenes del movimiento, su aislamiento y la posterior entrada de las fuerzas armadas para romperla. Desde ese momento, la UNAM ya no fue la misma al periodo post 68. De ser semillero de cuadros políticos de izquierda, retaguardia y conciencia de los movimientos sociales, la UNAM se convirtió en un centro pasivo donde predomina la ideología neoliberal y el individualismo.
Igualmente, triste y lamentable es el aislamiento político del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y su sectarismo ante el movimiento encabezado por López Obrador debido a su desdén por las demandas democráticas. López Obrador salió fortalecido de esta confrontación pues logró captar a la mayoría de simpatizantes e incluso militantes del EZLN. A pesar de avances organizativos/políticos significativos en sus territorios en Chiapas, de ser un movimiento que suscitó la esperanza de millones de personas, en México y el mundo, para construir “otro mundo” con paz, justicia y democracia, que en el 2002 logró desbordar el centro de la Ciudad de México y encabezar a buena parte del movimiento indígena nacional, ahora su presencia se reduce al estado de Chiapas y pequeños grupos de simpatizantes en el resto del país.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), movimiento opuesto a la construcción de un aeropuerto en el municipio de Atenco, Estado de México (en la zona del Lago de Texcoco), desde el año 2001, también pagó un precio muy alto por asumir posturas “ultrarradicales”. En principio logró representar a la gran mayoría de los habitantes del territorio, pero carecieron de la capacidad de combinar la lucha legal con la ilegal, tuvieron la posibilidad de ganar la elección de sus autoridades locales, al no hacerlo perdieron una posición clave para consolidar su protesta. Recordemos que esta organización fue parte de “La Otra Campaña”, dirigida por el EZLN, que asumió una postura anti electoral. Así le dejaron el terreno libre a PRI para iniciar un proceso de cooptación y división de la comunidad que culminó en la brutal represión del 4 de mayo del 2006, donde hubo dos muertos, mujeres violadas y agredidas sexualmente. Con el arribo a la presidencia de López Obrador, el proyecto fue finalmente descartado.
Entre el 14 de junio y el 25 de noviembre de 2006, en el Estado de Oaxaca se vivió una impresionante experiencia de construcción de un poder popular de masas, entorno de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que surgió como rechazo a la brutal represión ejercida por el gobierno priista de Ulises Ruíz en contra de un plantón de trabajadores del magisterio de la Sección 22, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). De inmediato se construyó un enorme movimiento integrado por más de 300 organizaciones sociales y de barricadas en la mayor parte de la ciudad. Las barricadas se convirtieron en asambleas populares, integradas por una mayoría de ciudadanos, sin afiliación política y social alguna, pero que ejercían el control territorial de sus zonas. De ahí nació la denominación “Comuna de Oaxaca”. Lamentablemente este movimiento tuvo dos limitantes, los grupos políticos dirigentes se enfrascaron en una dura lucha para “controlar el movimiento”, en vez de garantizar una participación popular lo más amplia y democrática posible y una disputa entre corrientes que, comprendiendo la adversa correlación de fuerzas a escala estatal y nacional, buscaron abrir la negociación con el gobierno local y otras que al grito de “voy derecho y no me quito”, no dejaban más opción que la renuncia del gobernador. El resultado fue una aplastante derrota.
Dentro del movimiento urbano popular (principalmente por el derecho a una vivienda digna) se observa, en buena parte de sus dirigencias, un proceso de franca descomposición o cooptación por la Cuarta Transformación.
Un movimiento que ha desperdiciado la oportunidad de ganar la dirección de uno de los sindicatos más grandes de América Latina (con 1 millón 400 mil integrantes) y de convertirse en eje aglutinador de la recomposición de los movimientos sociales, ha sido el de Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), corriente democrática al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). A pesar de haberse forjada al calor de grandes luchas por erradicar el control del charrismo sindical, alcanzar mejores condiciones de trabajo y salariales, la CNTE ha carecido de una estrategia para capitalizar sus logros y ganar a la mayoría dentro de su organización sindical. La heterogénea composición de su diligencia, donde coexisten diversos corrientes ultras y reformistas, su pragmatismo y gremialismo, le impiden actuar de manera coherente, para ganar la dirección sindical. Actualmente la CNTE vive en medio de una fuerte crisis de representatividad y divisiones internas.
El intento de destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas, con la desaparición de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y el despido de sus 44 mil trabajadores, fue un fuerte golpe al movimiento obrero ya que se trata de uno de los sindicatos más antiguos, combativos y democráticos y con gran capacidad de convocatoria. A pesar de ello y de algunos errores en su conducción, el SME sigue existiendo gracias a su digna resistencia, no solo contra los gobiernos neoliberales sino incluso en contra del gobierno de López Obrador que intentó imponerle una dirigencia a modo y a un convenio que le da derecho de usufructuar las plantas de generación y la propiedad de los bienes inmuebles de la extinta LyFC. Su demanda de lograr la reinserción laboral en el sector eléctrico está pendiente de solución.
Pero, en este periodo de retroceso de los diversos movimientos sociales, sobresalen cuatro que han mantenido su poder de convocatoria e incluso se han fortalecido.
El primero es el movimiento nacional feminista y de mujeres. Desde 2016 se han multiplicado en el sector estudiantil y otros, centenares de pequeñas colectivas que centran su atención y actividad sobre todo en la lucha contra la violencia con razón de género, convirtiéndose en el movimiento más grande del país. Otros muchos se dedican a exigir los múltiples derechos de cuyo ejercicio las mujeres no gozan, especialmente el pleno derecho a controlar su propia salud reproductiva y sexual incluyendo el derecho a abortar en condiciones seguras y de manera gratuita con su simple solicitud.
La relación de este movimiento con el estado y funcionarios/as que realizan trabajo basado en género es muy variada. En los últimos cincuenta años de activismo se han creado infinidad de instituciones que tienen el objetivo expreso de apoyar a las mujeres, reconociendo que viven una diferencia y un “problema” específicos. Con la 4T, se han multiplicado estas instituciones y los cambios legislativos, pero ello se complica por un discurso absolutamente contradictorio entre el movimiento e incluso muchas funcionarias y el expresidente de la República. Esto puede complicarse hoy con la muy positiva asunción de la presidencia por una mujer, pero que también exige que las feministas determinen qué tipo de apoyo y/o demandas se deben presentar ante estas instituciones y cómo lidiar con la cooptación de sectores importantes de feministas y mujeres a las filas del estado que conceptualizan la labor feminista como algo exclusivamente institucional. Y con más razón, cuando se dice que “llegamos todas”, cuando claramente no existe un diálogo entre la parte institucional y el feminismo que se manifiesta en las calles.
Faltan escenarios para el debate político que abarquen a todas las feministas: en los medios sociales, hay una explosión de opiniones y propuestas, pero los algoritmos no nos ayudan a que sean comunes; la academia produce mucho, pero poco se relaciona con la acción en la calle y la formación de movimientos/organizaciones amplias de mujeres y feministas. A pesar de ello, se han dado muchos debates, aunque sean fraccionados: (sobre la violencia en el movimiento; sobre la necesidad del trabajo de base en las organizaciones de masas, particularmente los sindicatos; sobre la inclusión en las convocatorias a las víctimas del ataque al convoy de las mujeres y niños de la familia LeBaron). Muchos otros debates están pendientes, entre otros: cómo puede darse la participación de mujeres de las organizaciones mixtas y sus dificultades para hacerlo; sobre la disyuntiva prostitución/trata; sobre vientres subrogadas; sobre la tecnología; sobre las personas trans y lesbianas en el movimiento de mujeres feminista y de mujeres; sobre el especismo; sobre la existencia y/o relación entre sexo y género y más.
Esta falta de espacios abarcadoras se ha visto complicado por el retiro deliberado de un sector muy importante de mujeres feministas, especialmente las ligadas a ONGs, de los últimos dos encuentros nacionales feministas realizados en el Estado de México en 2015 y en Puebla en 2017, y de su menosprecio por las otras activistas al grado de afirmar que ni siquiera existieron los encuentros que se hicieron sin ellas. También les ha faltado a los sectores organizados la capacidad de atraer y expresar las demandas de las feministas jóvenes, combinado una visión de algunos sectores jóvenes de feministas que desconfían fuertemente de “las institucionales” y las mayores, junto con peso importante de la corriente separatista entre ellas. Si a ello agregamos el trabajo meritorio pero interno dentro de Morena, el resultado es la falta de una alternativa real unitaria para el debate y la acción nacional como movimiento.
Ello dificulta la forja de una alianza con sectores más amplios de mujeres, no declaradamente feministas, para la acción, y la creación de una relación con mujeres que sufren, además de la opresión de género, otros tipos de marginalización (mujeres obreras, indígenas, negras, lesbianas y trans, por ejemplo) más allá de plantear la (muy teórica) interseccionalidad; ello incluye la vinculación con las luchas por la defensa de los territorios y ambientales y con sectores de mujeres sindicalizadas, con o sin sus direcciones burocratizadas que ejercen sus consabidas prácticas autoritarias.
La lucha contra la violencia de género, especialmente la creciente oposición al feminicidio. claramente unifica a muchos sectores de la sociedad, no solo a las feministas. Sin embargo, este movimiento no ha logrado consolidarse orgánicamente con formas unitarias que le darían más fuerza, y la unidad se manifiesta casi exclusivamente en los días significativos del feminismo como el 8 de marzo y el 25 de noviembre.
Esto tiene particular importancia ya que la otra actividad más extendida de mujeres en el país es el de las personas buscadoras, en su enorme mayoría mujeres, que luchan contra los atropellos cometidos tanto por la delincuencia organizada como por las “fuerzas del orden”. Los más de 60 grupos de este tipo que existen a nivel nacional todavía no logran una coordinación nacional, ni mucho menos una alianza con los sectores de mujeres en lucha por demandas de género, a pesar de los muy positivos esfuerzos en ese sentido de los sectores más de izquierda de las feministas y la clara intersección de sus exigencias contra la violencia. Eso sí, han logrado ciertos avances en su lucha, pero a pesar del respeto del que gozan entre amplios sectores de la población, falta todavía una visión política nacional que parta de sus filas, cosa que fortalecería su lucha
También persisten diversos movimientos en contra de las altas tarifas de luz, por hacer de la energía eléctrica un derecho humano y por el borrón y cuenta nueva derivada de los cobros excesivos. La mayoría de las participantes en este movimiento de defensa del territorio, junto con los grupos que exigen el acceso al agua, tanto en el campo como en las zonas urbanas, son mujeres. Pero muchas de ellas ven como algo ajeno el movimiento de mujeres y feminista, no solo por motivos de rechazo a las demandas en sí (caso aborto, para algunas), sino también por la prevalencia (ahora menor que hace unos años) del uso de la violencia y el vandalismo por parte de ciertos grupos anarquistas como el Bloque Negro dentro de las manifestaciones, que invisibilizan las demandas centrales del movimiento y son rechazados por mujeres del sector popular y muchas otras. Todas estas demandas siguen vigentes ante la falta de respuesta de los gobiernos de la Cuarta Transformación.
El movimiento por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y en contra de los crímenes de odio también ha mostrado una gran capacidad de movilización. Igualmente ha logrado cambios legislativos importantes. Sin embargo, durante los debates presidenciales, hubo una falta de digna visibilización, en los que ningún candidato demostró su conocimiento sobre las violencias contra las que se manifiesta la diversidad sexogenérica. De hecho, tampoco se habló de garantizar otros derechos como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda a esta población. En cambio, cuando se habló de salud se vinculó el VIH únicamente a la población LGBT+, lo que refuerza la estigmatización de dicha población.
Quizá por esto el grueso de activistas de las disidencias sexogenéricas no interpretan el resultado de las elecciones como favorable para con dicho sector de la población, pero ni siquiera como una derrota de las derechas. En resumen, la población LGBTIQ+ está acechada por la violencia y el mercado oportunista, lo que deviene en una falta de visibilización digna, así como en una despolitización al interior y profundización de la lgbtfobia en las filas izquierdistas.
La situación de esta comunidad se agrava por el ascenso de las nuevas derechas al poder, como Donald Trump, que focalizan a las personas LGBTIQ+ como chivo expiatorio para dividir a la clase trabajadora.
Ante la violencia generalizada por los conflictos de entre grupos del crimen organizado y entre éste e instancias gubernamentales, han surgido entre la población en ciertos estados inicios de autoorganización y autodefensa. Quizá el más organizado y permanente de ellos es el de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias del Estado de Guerrero y de su Policía Comunitaria (CRAC-PC), que acaban de cumplir 29 años de existencia. Se trata de un auténtico poder popular armado y que ha funcionado exitosamente para erradicar al crimen organizado de su zona de influencia en la Costa Chica y la montaña. Su sistema de justicia es un modelo que debería extenderse a todas las zonas indígenas y mestizas del resto del país, de acuerdo con las condiciones de cada región.
En las filas de la clase trabajadora, recientemente se han dado importantes luchas que apuntan a una posible recuperación del sindicalismo. En el sector de trabajadores de la industria automotriz se han logrado arrancar varias empresas del control charril y logrado mejores contratos colectivos de trabajo. Es el caso de la creación del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS) que surgió de importantes huelgas en el estado de Tamaulipas en el 2018. Pero, sobre todo del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) que ha ganado la representación de los trabajadores de la planta de General Motors de Silao, estado de Guanajuato, y en otras importantes empresas ubicadas en otras entidades
La Nueva Central de Trabajadores, en donde participa el SME, también está dando una dura pelea por organizar nuevos sectores de trabajadores, como es el caso de las plataformas digitales con la creación de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, y de impulsar la democratización de importantes sindicatos nacionales.
También ha surgido una nueva central de trabajadores, cuya cabeza más visible es el senador y líder del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, que aglutina a sindicatos de origen independiente y ahora aliados con viejos representantes del sindicalismo oficial y charro, entre los cuales se encuentran los telefonistas, del sistema de transporte colectivo Metro y del Monte de Piedad; las confederaciones Regional Obrera Mexicana (CROM), Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y de Obreros, Campesinos y Empleados de México (Cocem), además de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios. Su orientación es claramente la de convertirse en el brazo sindical del nuevo régimen.
Mención especial merece el movimiento ambientalista, ampliamente golpeado durante el sexenio de López Obrador con el asesinatos de 102 defensores ambientales. En 2021 Global Witness posicionó a México como el lugar más mortífero para los ambientalistas. La lucha ambientalista mantiene una oposición frontal al modelo económico neoliberal, depredador voraz de recursos naturales y de vidas, que como nunca antes amenaza la sobrevivencia de la especie humana y de muchas otras especies.
El gobierno actual ha adoptado como bandera una política ambiental “humanista”, promovida por la SEMARNAT, que prioriza el bienestar social y la protección del medio ambiente sobre la lógica extractiva y de lucro. Sin embargo, esta visión, aunque representa un avance al reconocer la desigualdad social y la necesidad de redistribución de la riqueza, sigue sin cuestionar de fondo el modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico. Además, su enfoque centralizado y la falta de promoción de un decrecimiento justo pueden limitar las luchas ecologistas, al no integrar plenamente la participación de comunidades y actores sociales en la toma de decisiones ambientales. Para fortalecer realmente el movimiento ecologista, es necesario avanzar hacia una política que descentralice la toma de decisiones y articule una visión de justicia ambiental con la justicia social y de género.
Ejemplo de esto ha sido la política gubernamental de rechazo al maíz transgénico en México, ya que ha sido un tema clave en el debate ambiental y agroalimentario del país. Además, la campaña «Sin Maíz No Hay País» ha jugado un papel importante en la defensa del maíz nativo y la soberanía alimentaria, lo que esta vinculado con los movimientos ambientalistas en defensa de la biodiversidad nativa. Otras demandas recogidas de las luchas ambientalistas esta el tema del agua prioritario para uso domestico sobre las concesiones a empresas transnacionales. Así mismo el alto a las concesiones mineras dentro del territorio. El movimiento ecologista enfrenta el reto de lograr una mayor incidencia en las políticas públicas y evitar que estas luchas sean fragmentadas o cooptadas por intereses gubernamentales o empresariales. Para ello, es fundamental fortalecer la organización comunitaria, generar estrategias de comunicación efectivas y consolidar alianzas con otros sectores sociales que compartan la defensa del medio ambiente y los bienes comunes.
Este balance crítico tiene por objeto explicar cómo, a diferencia de otros países de América Latina, donde el surgimiento de gobiernos progresistas estuvo acompañado de una activa participación de los movimientos sociales, en México los movimientos sociales han tenido una presencia marginal. El descontento popular no ha tenido otra opción que manifestarse a través de los procesos electorales apoyando la opción progresista en contra de la derecha neoliberal. La razón estriba en que el peso de pasadas derrotas provocaron una falta de confianza del pueblo en su propia fuerza, en el debilitamiento de sus organizaciones y en la atomización de las organizaciones de la izquierda revolucionaria. Lo peor es que, diversos sectores de la izquierda revolucionaria, no solo no han realizado un riguroso examen autocrítico de su retroceso, sino que persisten en su sectarismo. Por nuestra parte, preferimos reconocer humildemente nuestros errores y enmendarlos, lo mejor y más pronto posible, para poder reemprender la construcción de una organización revolucionaria que sea útil a las nuevas necesidades del pueblo trabajador.
Los retos de la Izquierda Anticapitalista
Es completamente absurdo pretender utilizar una misma estrategia, incluso una misma táctica, ante un gobierno abiertamente neoliberal, desprestigiado y aislado, que, ante uno reformista, con un alto grado de legitimidad y capacidad de movilización. Es verdaderamente penoso que una parte de la izquierda anticapitalista mexicana esté actuando como si todo fuera igual que antes del 2018 y todas las mañanas se levantan con la ilusión de encontrar una situación excepcional que les permita “desenmascarar” al nuevo régimen y radicalizar al movimiento social. Se encuentran tristes porque preferirían un gobierno dictatorial, de a de veras no con el que fantasean, para poder desatar toda su “furia revolucionaria” y no a uno reformista que desafía toda su lógica. Sus ataques sectarios al gobierno de López Obrador no le hicieron la menor mella, sino que los aisló mucho más de lo que ya estaban.
Por nuestra parte no estamos ni tristes ni felices, simplemente tratamos de comprender. Ante el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, apoyaremos aquellas medidas que supongan mejoras a las condiciones de vida del pueblo trabajador, la ampliación de las libertades democráticas o la defensa del medio ambiente; pero también criticaremos, sin concesiones, pero sin sectarismo, todo lo que vaya en sentido contrario. Siempre manteniendo nuestra total independencia política y orgánica hacia el nuevo gobierno.
Además de las demandas inmediatas, de carácter reformista, nuestro programa debe contener un ataque directo a la propiedad privada de los medios de producción y a la concentración de la riqueza en pocas manos. Los socialistas proponemos un impuesto progresivo sobre el patrimonio privado y a las ganancias del capital, complementado con la anulación de la deuda ilegítima y la reducción radical de la parte de la deuda pública que no se haya identificado como ilegítima, cuya realización permitirá iniciar una transición hacia un modelo poscapitalista y posproductivista. Un programa como ese, que debería tener una dimensión mundial, tendría que comenzar por ponerse en marcha en uno o varios países. Ese programa comprendería, en particular, el abandono de las políticas de austeridad, la reducción generalizada de la jornada laboral, con contratos compensatorios y mantenimiento del salario, la socialización del sector bancario, una reforma fiscal general, medidas para garantizar la igualdad hombre-mujer y asegurar que los cuidados de las personas sean cada vez más asumidos por la sociedad y no cargados a las mujeres dentro de las familias, y la aplicación de una política determinada de transición ecológica, incluyendo la educación amplia sobre la conservación del agua y la tierra.
Ante las propuestas del nuevo gobierno, los socialistas debemos recordar los temas pendientes de solución en la agenda social, como la necesidad de desmontar la reforma neoliberal en materia de pensiones y restablecer el régimen solidario; de recuperar el poder adquisitivo de los salarios mínimos, pero también de los contractuales; de impulsar la democratización de las organizaciones sindicales y ampliar la tasa de sindicación; de garantizar el derecho humano a todos los servicios públicos (salud, educación, energía, transporte, alimentación y agua); por la soberanía alimentaria, impulsar una agricultura orgánica libre de pesticidas y transgénicos; la derogación de la reforma neoliberal salinista, al artículo 27 constitucional, en materia agraria; de luchar porque exista agua limpia en todos los ríos y potable en todas las llaves; de ampliar los derechos de las mujeres a la salud reproductiva y sexual, a una maternidad voluntaria, incluyendo el derecho al aborto y el derecho de los niños a una educación y cuidados infantiles profesionales pagado por el gobierno; acciones apropiadas para poner alto a la violencia feminicida en el país, incluyendo la creación de albergues para mujeres agredidas y sus hijos, cuidados psicológicos y médicos para mujeres violadas, campañas anti-violencia de género a todos los niveles; de un combate efectivo en contra de la delincuencia por medio de la autoorganización de las comunidades y con el respaldo de las fuerzas armadas, como es el caso del sistema de justicia comunitaria del Estado de Guerrero, al igual que la confiscación de las cuentas bancarias de los miembros del crimen organizado; y, en el terreno diplomático, debemos llevar a la práctica las tareas derivadas de la situación internacional mencionadas al inicio de este documento.
Al mismo tiempo trataremos de aprovechar toda oportunidad para impulsar una nueva generación de demandas ecosocialistas que están contenidas el documento titulado “Manifiesto del marxismo revolucionario en la era de la destrucción ecológica y social del capitalismo”, también conocido como Manifiesto Ecosocialista, que es un documento preparatorio del próximo Congreso de la IV Internacional y que también discutimos en nuestra Conferencia Nacional. En este documento se explica, de manera muy amplia, el por qué sigue siendo necesaria una revolución ecosocialista, antirracista, antimilitarista, anticolonialista y feminista.
El Movimiento Socialista del Poder Popular no es una organización sectaria ni autoproclamatoria, trabajamos constantemente por la unidad de la izquierda socialista mexicana. Formamos parte del Movimiento de Unidad Socialista (MUS), estamos dispuestos a construir un Partido Amplio de la Izquierda Anticapitalista, sobre la base de sólidos acuerdos políticos y de funcionamiento, y a discutir la posibilidad de lograr el registro como Agrupación Política.
Esta Resolución Política del Movimiento Socialista del Poder Popular es la propuesta que ofrecemos al pueblo de México, a sus trabajadores, mujeres, jóvenes, ancianos y la diversidad sexual, para construir una alternativa al sistema capitalista y garantizar que exista un mañana con paz, justicia, democracia y un planeta sustentable para las futuras generaciones. Actualmente somos una organización pequeña, pero sólidamente enraizada en diversos movimientos sociales. No existe en nuestra sangre la menor gota de autocomplacencia o de considerar que tenemos la solución a todos los problemas del mundo, pero tenemos la convicción de que al menos somos una organización de revolucionarios y revolucionarias honestas/os, combativas/os y consecuentes. Te invitamos a que te sumes a nuestras filas, juntos y juntas podemos hacerlo posible.
Enero de 2024
